India acudió el pasado 8 de mayo al alto tribunal para presentar el caso de Jadhav, un ex agente naval indio que fue detenido en marzo de 2016 en la provincia paquistaní de Baluchistán, escenario de enfrentamientos entre las fuerzas gubernamentales y los milicianos presentes en la zona.
De acuerdo con Islamabad, Jadhav confesó que trabajaba para los servicios de Inteligencia de India y que su misión era planificar y organizar acciones de espionaje y sabotaje en Baluchistán con el objetivo de "desestabilizar y lanzar una guerra en Pakistán".
El pasado abril, un tribunal militar de Pakistán le condenó a muerte pero todavía no se ha fijado fecha para la ejecución. El Gobierno de Nawaz Sharif esgrime que Jadhav todavía puede presentar un recurso de apelación contra la decisión judicial.
En la audiencia preliminar celebrada el pasado lunes, India solicitó a la CIJ que impusiera medidas cautelares antes de que determine si Pakistán violó en este caso la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares al impedir que el acusado recibiera asistencia legal y de otro tipo de los consulados indios.
La CIJ ha establecido que el argumento principal de India, que se basa en el primer artículo del protocolo opcional sobre la Convención de Viena, que encarga a La Haya interpretar este tratado internacional, no es base suficiente para afirmar su jurisdicción en este caso.
Sin embargo, ha señalado que el artículo 36 de la Convención, que se refiere a los derechos del Estado del detenido a ser informado cuanto antes de su arresto, a contactar con él y a asesorarle y a las obligaciones del otro país, sí permite actuar a la CIJ.
"La Corte se ha centrado, por tanto, en el nexo entre los derechos reivindicados y las medidas provisionales solicitadas y considera que las medidas cautelares solicitadas están dirigidas a garantizar estos derechos", ha explicado en un comunicado.
En la decisión de La Haya ha pesado especialmente el hecho de que, sin lugar a dudas, Jadhav sufriría "un daño irreparable" si finalmente las autoridades paquistaníes ejecutan la sentencia antes de que los tribunales dicten un fallo firme.
En consecuencia, ha ordenado a Pakistán que "adopte todas las medidas a su disposición para garantizar que Jadhav no es ejecutado mientras espera la decisión final en su proceso judicial" y que "informe a la Corte de todas las medidas adoptadas para implementar esta orden".