Condenados siete exmilitares chilenos por el secuestro y homicidio de 23 colaboradores de Salvador Allende

Entre los asesinados están el exdirector de la Policía de Investigaciones, Eduardo 'Coco' Paredes; el doctor Enrique Paris y el subsecretario Arsenio Poupin. La sentencia puede verse aquí: http://www.pjud.cl/documents/396729/0/DESAPARECIDOS++LA+MONEDA.pdf/5f3043ba-4234-4f47-a7fe-86ea83c9ad24.

Los acusados son un brigadier, Pedro Octavio Espinoza Bravo, condenado a 20 años de prisión por homicidio; Servando Elías Maureira Roa y Jorge Iván Herrera López, condenados a 9 años de cárcel, y Teobaldo Segundo Mendoza Vicencio, Eliseo Antonio Cornejo Escobedo, Bernardo Eusebio Soto Segura y Jorge Ismael Gamboa Álvarez, sentenciados a 7 años de prisión. Maureira Roa y Herrera López han sido además condenados a 5 años de cárcel por secuestro.

El juez ha concluido que el día del golpe de Estado, los militares que entraron en el Palacio de La Moneda detuvieron a unas 50 personas, incluidos asesores políticos directos, miembros del dispositivo de seguridad del presidente Allende, médicos y funcionarios de la Policía de Investigaciones de Chile.

Dos días después las víctimas estaban en el Regimiento Tacna, fueron amarradas de pies y manos con alambres, subidas a un camión militar y trasladadas hasta el recinto militar de Peldehue, en Colina. "Al arribar a dicho lugar en Peldehue, los referidos detenidos fueron bajados del camión militar y (...) se dispuso la instalación de una ametralladora mediante la cual se disparó sobre dichos prisioneros (...) al borde de un pozo o fosa vacía previamente excavada y (...) al recibir los impactos de bala, cayeron al interior de dicha fosa", explica el fallo

Tras los fusilamientos, los militares arrojaron granadas a la fosa y estas detonaron. Después cubrieron todo con tierra, "acciones que fueron controladas y verificadas por un Oficial de la Dirección de Inteligencia del Ejército que presenció los fusilamientos desde una distancia cercana al sitio de los hechos".

Más tarde los mandos militares ordenaron retirar los restos y trasladarlos a un lugar desconocido, posiblemente arrojados al mar o a la montaña. Sin embargo, las excavaciones en el lugar han producido restos que han sido identificados positivamente.

En el aspecto civil, la sentencia acepta la mayoría de las demandas presentadas, por lo que ordena pagar indemnización a los familiares de las víctimas.