Así consta en la querella, de 86 folios, presentada este viernes en Madrid ante la Audiencia Nacional de España contra Netanyahu, seis de sus ministros y un alto cargo militar, y de la que se encargará el magistrado Pablo Ruz, que sustituye al juez Baltasar Garzón en el Juzgado Central de Instrucción número 5.
Además de Netanyahu, la querella atañe a los titulares israelíes de Defensa, Ehud Barack; Asuntos Exteriores, Avignor Lierberman; Interior, Eli Yishai; Inteligencia y Asuntos Atómicos, Dan Meridor; Asuntos Estratégicos, Moshe Yaalon; y el ministro sin cartera Benny Begin, así como contra el vicealmirante al mando de la operación, Eliezer Marom.
La querella considera a los ocho "culpables" de delitos de lesa Humanidad con resultado de tres detenciones ilegales y deportaciones forzosas, tres de tortura menos graves, así como de otro delito contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado por el abordaje de la flotilla humanitaria "Mavi Mármara" en el que murieron nueve activistas turcos por disparos de comandos israelíes el pasado 31 de mayo.
No obstante, uno de los abogados que ha participado en la redacción de la querella, Enrique Santiago, apuntó en declaraciones a la prensa la posibilidad de ampliar la querella contra funcionarios israelíes "que hayan tenido responsabilidad en la puesta en marcha de este plan criminal y en su ejecución".
En el texto, que presentaron Tapial y Arau en representación también de Segarra y del Comité de Solidaridad con la Causa Árabe y la asociación Cultura, Paz y Solidaridad, solicitan asimismo que el juez Ruz tome declaración a los querellados y a los querellantes.
También le reclaman que curse comisión rogatoria a Turquía para que aporten una copia de las autopsias de los fallecidos y toda la documentación que hayan recabado del caso.
Israel, explican, "abordó violentamente" los seis barcos que conformaban la "Flotilla de la Libertad" que "se dirigían a Gaza para llevar ayuda humanitaria con 750 personas a bordo", un ataque que se saldó con nueve activistas fallecidos y 38 heridos y otros tantos desaparecidos.
"Días antes de producirse los abordajes y la masacre, siete ministros israelíes se reunieron para concretar la operación" que la "planificaron y dieron orden para dar el ataque", aseveran.
Los querellantes califican de "falacia" el argumento dado por los soldados israelíes de que sus vidas corrían peligro, ya que la respuesta de los cooperantes se realizó con "canicas, sillas y palos" frente a los medios de los militares.
"Se trató, sin duda, de una respuesta desproporcionada a unos hechos que no tenían relevancia penal alguna -la acción solidaria de un grupo elevado de cooperantes- y que se encaja perfectamente en las actuaciones sistemáticas del ejército de Israel en contra de la población palestina y de todos aquellos que pretendan ayudarles a paliar las consecuencias del bloqueo", subrayan.
Insisten en que "los crímenes cometidos no fueron un accidente o una defensa como quiere hacer ver el Gobierno israelí", sino "asesinatos realizados a conciencia" y bajo una "orden dada con días de antelación".
Y añaden el argumento de que las autopsias realizadas en Turquía de los fallecidos "han confirmado que los soldados israelíes utilizaron con profusión sus armas".
El texto ofrece un pormenorizado relato del asalto y del traslado "por la fuerza" de pasajeros hasta el puerto israelí de Ashdot y más tarde su encarcelamiento en la prisión de Beer Sheva para luego ser deportados y expulsados desde el aeropuerto de Ben Gurión hacia Estambul.
"Tras las 72 horas de detención y gracias a la gran presión internacional sufrida por Israel, los miembros de la flotilla fueron puestos en libertad no sin antes sufrir el pillaje sobre sus bienes y enseres cometido también por las autoridades de Israel", concluyen.
Después de presentar la querella, Tapial, que ha lamentado la "no acción" del Gobierno español en el asunto, anunció hoy que la Asociación Cultura, Paz y Solidaridad enviará próximamente dos barcos con bandera española hacia Gaza para romper el bloqueo.