La delegación bangladeshí estará encabezada por el ministro de Exteriores, A. H. Mahmud Alí, mientras que la delegación birmana estará encabezada por Kyaw Tint Swe, de la oficina de la consejera de Estado, Aung San Suu Kyi, según ha informado el diario local 'The Daily Star'.
Naciones Unidas ha cifrado en 507.000 los rohingya que han llegado a Bangladesh huyendo de Rajine desde el 25 de agosto, cuando una serie de ataques por parte de milicianos de esta comunidad contra puestos de seguridad desencadenaron una operación militar a gran escala que ha dejado al menos 400 muertos. Esta operación ha sido denunciada por la ONU como "limpieza étnica".
Bangladesh y la inmensa mayoría de la comunidad internacional han reclamado a Birmania que acoja de nuevo a los rohingya que han huido del país, tras lo que Suu Kyi se ha mostrado dispuesta a iniciar un proceso de verificación, si bien los términos no están claros.
Los rohingya son una minoría étnica de fe musulmana que se concentra en Rajine. Son más de un millón de personas, pero el Gobierno birmano no les reconoce como ciudadanos porque considera que son descendientes de inmigrantes ilegales procedentes de Bangladesh.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Raad al Hussein, ha recordado recientemente que los rohingyas llevan décadas despojados de sus derechos civiles y políticos, también de los derivados de la ciudadanía.
En febrero, la oficina de Al Hussein publicó un informe basado en entrevistas a rohingyas que huyeron a Bangladesh por otra operación militar birmana que, según el alto comisionado, ya "sugería" que había ataques "generalizados y sistemáticos" contra los rohingyas, llegando a alcanzar "posiblemente" la consideración de "crímenes contra la Humanidad".
Suu Kyi, galardonada con el Premio Nobel de la Paz, ha hecho frente a numerosas críticas por su postura durante la crisis y ha llegado a denunciar la existencia de "un gran iceberg de desinformación" para "crear problemas" y "beneficiar los intereses de los terroristas".
Así, condenó la semana pasada los abusos en el estado de Rajine pero no realizó alusiones a la limpieza étnica que estarían llevando a cabo las fuerzas de seguridad del país, según denunció la ONU, lo que ha provocado una respuesta fría de la comunidad internacional.
Las autoridades birmanas aseguran que las operaciones en Rajine tienen como objetivo luchar contra "terroristas", pese a las denuncias sobre ataques por parte de las fuerzas de seguridad contra civiles, entre ellos niños.