En marzo de 1989, el superpetrolero Exxon Valdez ocasionó grandes daños en el estrecho del Príncipe Guillermo, en Alaska. Un accidente que "tuvo lugar después de que el capitán del navío, Joseph Hazelwood, quien contaba con un largo historial de alcoholismo y al que se le detectó un alto nivel de alcohol en sangre once horas después del accidente, abandonara el puente dejando el mando a subordinados no autorizados", según consta en la documentación del Tribunal Supremo.
El desastre supuso el peor derrame de petróleo en la historia de EEUU. Unos 41.600 metros cúbicos de petróleo dejaron una estela de daños en más de 1.931 kilómetros, que afectaron a la industria pesquera del estado y causaron la muerte de miles de mamíferos y aves marítimos.
Con ese dictamen, aprobado por 5 votos contra 3, el Tribunal Supremo falló en contra de un tribunal federal de apelaciones que había determinado la multa original de 2.500 millones de dólares para resarcir a las víctimas. El juez David Souter afirmó que la multa por concepto de daños punitivos no podía exceder los cerca de 500 millones de dólares que ya ha desembolsado Exxon Mobil para compensar a las víctimas. Y que 2.500 millones de dólares constituyen un monto excesivo bajo las leyes marítimas en vigor.
En 2007, Exxon Mobil registró ganancias de 40.600 millones de dólares (27.066 millones de euros), gracias en parte al aumento en los precios del crudo en el mercado internacional. Pero a pesar de sus ganancias, al llevar el caso ante el Tribunal Supremo, la compañía petrolera argumentó que ya había gastado 3.400 millones de dólares (2.266 millones de euros) en respuesta al desastre.
No obstante, no se trata de la primera revisión de la multa impuesta a Exxon Mobil. En 1994 un tribunal federal de Alaska había condenado a la petrolera a pagar 5.000 millones de dólares por daños, sentencia que fue posteriormente reducida a 4.500 millones de dólares y establecida finalmente en 2.500 millones por la Corte de Apelaciones. Y una vez más, el máximo órgano jurídico de EEUU revoca la sentencia adoptada por la Corte de Apelaciones. DCB