"He decidido presentar mi renuncia al cargo de ministro de Justicia", ha señalado Iordache en declaraciones a la prensa, según informa la agencia Agerpres, defendiendo sin embargo que todas las iniciativas que ha llevado a cabo fueron "legales y constitucionales".
La decisión del ministro se produce después de que el Tribunal Constitucional haya rechazado este jueves pronunciarse sobre la constitucionalidad del decreto aprobado por el Gobierno el 1 de febrero, toda vez que éste ha sido anulado.
El Defensor del Pueblo, Victor Ciorbea, había presentado un recurso ante el Constitucional el 3 de febrero, pero finalmente el Gobierno cedió a la presión de los ciudadanos y dio marcha atrás el sábado.
"Este decreto ya no existe. Fue anulado" por el Gobierno, ha sostenido el presidente del Constitucional, Valer Dorneanu. Preguntado sobre qué ocurriría si el Parlamento, que tiene que aprobar la retirada del decreto, no lo hiciera, el magistrado ha replicado: "nosotros no juzgamos en base a suposiciones".
La medida inicialmente aprobada por el Gobierno rumano suponía que todos los delitos de corrupción que causaran un perjuicio de menos de 200.000 lei (unos 44.000 euros) dejarían de ser delito, una reforma legal que habría beneficiado a Liviu Dragnea, el líder del gubernamental Partido Socialdemócrata.