El tratamiento de los grandes depósitos, que ha cobrado máxima actualidad tras el fiasco del rescate de Chipre, es uno de los principales escollos para lograr un compromiso sobre la nueva directiva de resolución de crisis bancarias. El objetivo de esta norma es que sean los accionistas y acreedores, y no los contribuyentes, los que asuman el coste de crisis bancarias.
En lo que sí hay acuerdo unánime entre los Veintisiete es que los depósitos de menos de 100.000 euros quedarán a salvo de participar en cualquier rescate, a diferencia de lo que ocurrió con el primer plan para Chipre, que preveía una tasa del 6,75%.
El orden de preferencia a la hora de asumir pérdidas será primero los accionistas, luego los preferentistas y a continuación bonistas sénior y grandes depositantes. Sólo al final de la lista, y si el resto de acreedores no llega para cubrir el agujero del banco, se recurrirá a depósitos de pymes y particulares.
"Va a pasarse un mensaje muy claro de que los depósitos de menos de 100.000 euros están absolutamente garantizados y también incluso los de más de 100.000 euros de personas físicas y de pymes", ha asegurado el ministro de Economía, Luis de Guindos.
"Es una buena noticia. Los bancos españoles se financian fundamentalmente a través de depósitos y creo que esto es un elemento de seguridad adicional", ha insistido. España defiende la máxima protección posible para todos los tipos de depósitos.
No obstante, todavía quedan muchas cuestiones donde persisten las discrepancias entre los Estados miembros. En primer lugar, el Banco Central Europeo (BCE) y algunos Estados miembros como Alemania reclaman adelantar la entrada en vigor de la norma a 2015, en lugar de 2018 como propone la Comisión, con el apoyo de España o Francia.
En segundo lugar, algunos Estados miembros como Francia o Reino Unido reclaman que las autoridades nacionales tengan margen de maniobra para frenar las quitas a determinados acreedores, como a pymes o grandes depositantes, si consideran que amenazan a la estabilidad financiera. España en cambio reclama la máxima armonización.
La norma obligará a todos los Estados miembros a crear fondos de resolución prefinanciados por la banca. La última propuesta de compromiso exige que el nivel de prefinanciación se sitúe en el 0,8% de los depósitos cubiertos si se crea un fondo de resolución independiente o en el 1,3% si se fusiona con los fondos de garantía de depósitos. Pero Reino Unido se opone.
Finalmente, los ministros se plantean exigir a la banca un nivel mínimo de deuda que pueda ser objeto de quitas con el fin de compensar así la exclusión de los depósitos de particulares y pymes. Sin embargo, no se ha definido cómo se calculará esta nueva exigencia. La presidencia irlandesa propone una cláusula de revisión para que Bruselas proponga más adelante un método de cálculo armonizado.