Quienes se oponen a la ley, como las organizaciones que atienden a este colectivo, dicen que las nuevas normas son inaplicables y que los albergues no disponen de plazas suficientes para alojar a los indigentes. Ya se han llevado a cabo varias protestas en la capital y hay más previstas.
Las enmiendas, aprobadas por el Parlamento el pasado 14 de noviembre, establecen que las personas que sean sorprendidas por primera vez viviendo en una zona pública recibirán una advertencia. Si son descubiertas una segunda vez antes de que hayan transcurrido seis meses, deberán pagar una multa de casi 500 euros o ir a la cárcel.
Los cambios a la ley sobre delitos menores fueron propuestos por el partido gobernante, Fidesz, el pasado junio, con el argumento de que Budapest no podía hacer frente a la situación generada por la gran cantidad de personas que viven en la calle.
Según el Fidesz, las autoridades locales tienen que asumir la responsabilidad de solucionar el problema de la indigencia y se debe aumentar la capacidad de los albergues. Sin embargo, las ONG creen que entre 1.000 y 3.000 personas sin techo seguirán sin tener un lugar donde vivir.
El vicepresidente del Servicio Benéfico Húngaro Maltés, Miklos Vecsei, ha afirmado que la ley modificada no se ha aprobado siguiendo criterios racionales. A su juicio, es cierto que en Budapest hay demasiadas personas sin techo, pero "la pobreza extrema" es un problema que hay que "solucionar, no prohibir".