"España condena la decisión adoptada por las autoridades israelíes (...) e insta a dichas autoridades a reconsiderar esta decisión", indica el Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación en un comunicado.
El Ejecutivo se refiere a la "especialmente inoportuna" medida ante el "momento delicado" que atraviesan las relaciones palestino-israelíes. "Todas las partes deberían abstenerse de cualquier acción que pueda obstaculizar el camino de la paz a partir del alto el fuego en Gaza acordado el pasado 26 de agosto", prosigue el texto.
El comunicado destaca además la "conocida posición" del Gobierno español sobre la "ilegalidad" de los asentamientos, "cuyo establecimiento, mantenimiento y ampliación siempre ha condenado".
El Ejército israelí, con competencias en materia de suelo en los territorios palestinos ocupados, ha informado de que no hay ningún tipo de reclamación de propiedad palestina sobre el terreno expropiado, 400 hectáreas de tierras palestinas. Sin embargo, ahora se abre un plazo de 45 días para presentar recurso contra esta medida.
Los terrenos afectados acogen el asentamiento judío de Gvaot, situado al oeste del asentamiento de Alon Shvut. Conforme al Derecho Internacional ambos asentamientos son ilegales, pero Israel sí considera legal Alon Shvut y con esta decisión da el primer paso para legalizar Gvaot.