Horas antes, había trascendido que las autoridades procederían a las liberaciones durante la jornada, mientras que otras 2.500 personas serán imputadas por cargos relacionados con un levantamiento popular, según ha informado la cadena de televisión británica BBC.
Las autoridades etíopes declararon el 9 de octubre el estado de emergencia en respuesta a las protestas de la comunidad oromo, aplicando unas restricciones que han alarmado a numerosas ONG internacionales.
El Gobierno etíope ha acusado a varios países de armar, entrenar y financiar a los participantes en las protestas del pueblo oromo contra las expropiaciones de tierras en los alrededores de la capital, Addis Abeba.
En concreto, el portavoz gubernamental, Getachew Reda, señaló a Eritrea, que mantiene una larga disputa fronteriza con Etiopía, y a Egipto, también enfrentado a las autoridades etíopes por la gestión de las aguas del río Nilo.
Más de mil integrantes de la comunidad Oromo han muerto en las regiones de Oromia y Amhara en los últimos 11 meses, durante los que han sido objeto del acoso sistemático de las fuerzas de seguridad, según denuncian ONG como Human Rights Watch.
Las protestas comenzaron tras la publicación de un informe de HRW sobre la situación en el país, lo que a su vez provocó una respuesta violenta de la Policía.
A principios de octubre, al menos 55 personas murieron en una estampida en la región de Oromiya provocada por el lanzamiento de gas lacrimógeno y tiros al aire por parte de la Policía para reprimir una manifestación crítica con el Gobierno.