Orban reclamó en un debate en la Eurocámara el pasado 19 de mayo sobre la situación en Hungría "el derecho de poder hablar de la pena capital" aunque aseguró que no tenía planes para reintroducir la pena de muerte en el país.
El mandatario húngaro, cuyo Ejecutivo ha planteado una consulta pública sobre inmigración en el que se pregunta a los húngaros si están de acuerdo en que la mala gestión de la inmigración en Bruselas puede estar relacionado con el aumento del terrorismo, también criticó el sistema de cuotas propuesto por la Comisión Europea para el reparto de demandantes de asilo entre los países "absurdo" y que "roza la locura".
En una resolución aprobada con 362 votos a favor, 247 en contra y 88 abstenciones, los eurodiputados han recordado que la pena de muerte es "incompatible" con los valores de la Unión Europea y que cualquier Estado miembro que la reintroduzca estaría "vulnerando los Tratados y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE" y la infracción activaría el procedimiento de sanciones previsto en el Artículo 7 del Tratado, en virtud del cual se puede suspender el derecho de voto de un país en el Consejo.
Y han reclamado que la Comisión Europea evalúe "de inmediato" la situación de democracia y Derechos Humanos en Hungría e informe "antes de septiembre" y establezca, asimismo, un mecanismo para informar cada año de a situación de la democracia, el Estado de Derecho y los Derechos Humanos en la UE y garantizar el cumplimiento de la Carta Europea de Derechos Fundamentales. Para ello, solicitan que la comisión de Libertades de la Eurocámara presente una propuesta que el Parlamento debería votar antes de final de año.
Los eurodiputados también han criticado la consulta pública con un lenguaje "altamente engañoso, sesgado y desequilibrado; al establecer un vínculo directo y prejuiciado entre el fenómeno de la migración y las amenazas de seguridad".
El vicepresidente primero de la Comisión Europeo, Frans Timmermans, ya advirtió el pasado 19 de mayo que "una reintroducción de la pena de muerte por un Estado miembro llevaría por tanto a la aplicación del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea" y consideró "malintencionado e incorrecto" enmarcar la consulta pública sobre inmigración "en el contexto del terrorismo".