Las FARC instan al Estado a asumir su "responsabilidad" por las víctimas del conflicto armado

"El Estado y su institucionalidad asumirán la responsabilidad general y principal frente a los procesos y hechos de victimización sistemática que han generado millones de víctimas a lo largo del conflicto", ha dicho la guerrilla en un documento en el que desarrolla cuatro de las diez propuestas que ha hecho sobre este tema.

A este respecto, el grupo armado ha indicado que debe tenerse en cuenta, entre otros factores, "la activación de dispositivos de terrorismo de Estado y la militarización de la vida política, económica, social y cultural que somete el conjunto de las relaciones sociales a lógicas de confrontación".

También han apuntado "al cierre del sistema político y de representación, la inexistencia de garantías para el ejercicio de la oposición y la materialización del derecho a ser alternativa frente al régimen existente".

Asimismo las FARC han señalado "al diseño de una administración de justicia en función de los propósitos de la guerra" y a "la activación reiterada del poder legislativo para promover leyes favorables al escalamiento y la intensificación de la guerra".

"La promoción de pactos de impunidad, de total desconocimiento de las víctimas, como los casos del Frente Nacional y de la supuesta desmovilización del paramilitarismo en el Gobierno de Álvaro Uribe", han añadido.

Todo ello, en opinión de la insurgencia colombiana, habría conducido "a demostradas violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Humanitario".

"AGENTES ESTATALES"

Las FARC han advertido en contra de encubrir "la responsabilidad general y principal del Estado" con "la figura de los agentes estatales, sin perjuicio, desde luego, de las individualizaciones a que haya lugar".

Sobre esta cuestión, han considerado necesario "hacer un reconocimiento especial de la responsabilidad de las Fuerzas Militares y de la Policía, así como de los organismos de Inteligencia en la generación de procesos de victimización sistemática en desarrollo de la doctrina de la seguridad nacional".

"Se reconocerá que para la materialización de dichos propósitos se diseñaron los correspondientes marcos jurídico-institucionales, se propició el menoscabo del propio orden del Derecho en el que afirma sustentarse el Estado a través de diversas modalidades de la guerra sucia", ha concretado.

También han apuntado al "reconocimiento especial de la responsabilidad estatal en la conformación de estructuras paramilitares y de contrainsurgencia con la función esencial de combatir, debilitar y liquidar múltiples expresiones organizadas de oposición y de preservar el régimen de dominación y explotación, y concentrar y acrecentar la propiedad, el ingreso y la riqueza".

"Se reconocerá que tal política de combate al enemigo subversivo devino en la conformación de un bloque de poder contrainsurgente, en el que concurren poderes políticos, económicos, de latifundistas y terratenientes, empresas nacionales y transnacionales, fuerzas militares y de policía, y poderes narcotraficantes", ha añadido.

DIÁLOGO DE PAZ

Desde el 8 de octubre y el 19 de noviembre de 2012 en Oslo y La Habana, respectivamente, Gobierno y FARC llevan a cabo un diálogo de paz basado en una agenda de seis puntos para poner fin a más de cinco décadas de conflicto armado, en las que han muerto 600.000 personas.

Tras seis meses de intensas negociaciones, finalmente el 26 de mayo de 2013 las partes pactaron sobre desarrollo agrario y rural, el primer punto de la agenda y el más importante para la guerrilla, ya que sobre él pivota toda su lucha armada.

El segundo acuerdo del proceso de paz llegó el pasado 6 de noviembre, sobre participación política. Los puntos clave son el compromiso para crear un estatuto de la oposición, que establezca sus derechos, deberes y garantías, y una reforma electoral, que incluye circunscripciones transitorias.

A ellos se suma un tercer acuerdo alcanzado el pasado 16 de mayo sobre el problema de los cultivos de drogas ilícitas, por el cual las FARC se han comprometido a romper todos sus vínculos con el narcotráfico, una de sus principales fuentes de financiación.

Las partes iniciaron el pasado 12 de agosto las conversaciones sobre el reconocimiento y la reparación a las víctimas, tema al que seguirán el abandono de las armas y el mecanismo de refrendación del acuerdo final de paz.