Mandelblit ha emitido su opinión revisada a petición de la ministra de Justicia, Ayelet Shaked, en torno al caso del asentamiento de Harsha --ni siquiera reconocido como legal por el Gobierno israelí--, cuya principal carretera está siendo asfaltada en territorio de propiedad privada palestina.
El fiscal general ha fundamentado su decisión en un fallo del juez árabe-israelí Salim Jubran, miembro del Tribunal Supremo de Israel, quien afirmó que estas confiscaciones podrían ser autorizadas en ocasiones, argumentando que "los israelíes también son parte de la población local".
En situaciones anteriores, Mandelblit había reclamado que las disputas se trataran caso por caso, rechazando siempre la posibilidad de confiscar propiedades privadas en manos de palestinos.
El Ministerio de Justicia ha aplaudido inmediatamente el pronunciamiento del fiscal general, afirmando que "es una nueva etapa en la aplicación de los derechos de cientos de miles de residentes en Judea y Samaria --Cisjordania--".
Así, ha recalcado que Shaked "seguirá promoviendo la reexaminación de las posiciones legales previas sobre la regulación de la construcción en (asentamientos) Judea y Samaria", según ha informado el diario local 'Yedioth Ahronoth'.
En febrero, el Parlamento votó a favor del Proyecto de Regulación, que busca legalizar algunos de los asentamientos en Cisjordania que hasta ahora no han sido autorizados por las autoridades israelíes.
El Derecho Internacional contempla todos los asentamientos como ilegales, si bien Israel diferencia entre aquellos a los que ha concedido permiso y los que no, que son los que se verían afectados por esta legislación.
El último borrador contempla la legalización de todos aquellos que hayan contado con apoyo del Estado, y no los establecidos fuera de la planificación de las autoridades.
El pronunciamiento de Mandelblit llega dos días después de que la miembro del comité ejecutivo de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) Hanan Ashrawi acusara a Israel de "sabotear las posibilidades de paz" con sus últimas decisiones sobre la construcción en asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este.
"Las políticas de colonización y limpieza étnica de Israel están basadas en el robo (...) de tierra palestina, recursos y vidas", dijo en su comunicado, recogido por la agencia palestina de noticias WAFA.
El comunicado fue publicado en respuesta a la confiscación de terrenos en Belén para expandir el asentamiento de Maale Rehavam, los planes para anexar territorios en otras zonas del valle del Jordán y la demolición de edificios en Jerusalén Este.
"Estos actos ilegales refuerzan la intención de Israel de cambiar los hechos sobre el terreno y erradicar de forma sistemática la presencia de palestinos en Cisjordania, incluyendo Jerusalén Este", argumentó.
Ashrawi subrayó que "de esta forma, (Israel) distorsiona las realidades históricas, políticas, culturales, demográficas y geográficas de Palestina", reiterando que "Israel está decidido a expulsar a los palestinos de su patria e imponer el 'Gran Israel' en la Palestina histórica".
Así, manifestó que "estas medidas peligrosas y desastrosas deben enviar un mensaje directo a la comunidad internacional", añadiendo que el Gobierno israelí "está más comprometido con el robo de tierras y la expulsión masiva (de palestinos) que con la paz".
"Sin un Estado palestino viable territorialmente y contiguo, la paz y la estabilidad son imposibles", dijo Ashrawi, reclamando a la comunidad internacional "que vaya más allá de las condenas verbales y garantice la protección del pueblo palestino y la rendición de cuentas de Israel".
En este sentido, pidió a la comunidad internacional "medidas más serias y concretas", entre las que ha incluido "sanciones legales, políticas y económicas" con el objetivo de "poner fin a las flagrantes y graves violaciones del Derecho Internacional por parte de Israel".