Mubarak y el resto de defendidos habían sido condenados a cadena perpetua en junio de 2012 precisamente por estos cargos, pero sus abogados apelaron con éxito y el nuevo juicio comenzó en abril de 2013, finalizando con su absolución en noviembre de 2014.
El tribunal argumentó que el caso no contaba con la base legal necesaria para sacar adelante un caso criminal, absolviendo además al eministro del Interior Habib al Adli y a otros seis ex altos cargos.
Inmediatamente después del fallo, el fiscal ordenó que se presentara una apelación, citando un "defecto legal" en el veredicto. La ley egipcia contempla que la fiscalía presente todos los documentos necesarios para apelar en el plazo de 60 días después del veredicto.
A pesar de que el juez cifró los fallecidos durante la revolución en 239, las estimaciones de ONG apuntan a que más de 800 personas perdieron la vida --y más de 6.400 resultaron heridas-- en el transcurso de los enfrentamientos que finalmente acabaron con el derrocamiento de Mubarak.
La absolución del expresidente se produjo en medio de las críticas al actual Gobierno, encabezado por el golpista Abdelfatá al Sisi, por alejarse de las demandas de la revolución y dar marcha atrás hacia el régimen de Mubarak.
En la actualidad, Al Sisi ha conseguido ganarse el respaldo de la comunidad internacional ondeando la seguridad y la lucha antiterrorista y jugando la carta de que la formación islamista Hermanos Musulmanes --que ha sido declarado un grupo terrorista-- supone un peligro para la estabilidad de la región.
Sin embargo, la situación de libertades y Derechos Humanos ha retrocedido a niveles preocupantes y el Ejército ha aumentado unos ya muy importantes poderes con el objetivo declarado de devolver la seguridad al país ante el incremento de las operaciones de grupos armados como Ansar Bait al Maqdis y Agnad Misr.