El subsecretario general del Partido Social Demócrata (PSD) en el gobierno, Codrin Stefanescu, ha sostenido este jueves que "no retiraremos nada", en alusión al controvertido decreto aprobado a última hora del martes.
"Seguiremos adelante, tenemos una votación detrás, prometimos a los rumanos que quitaríamos las esposas en Rumanía, que les daríamos pensiones, salarios, empleos, que son las cosas por las que nos votaron", ha sostenido Stefanescu, según informa 'Romania Journal', antes de una reunión de la ejecutiva del PSD.
Por su parte, el alcalde de Iasi y vicepresidente del PSD, Mihai Chirica, ha defendido que la anulación del decreto y la dimisión del ministro de Justicia, Florin Iordache.
En su opinión, éste es "el único responsable del caos de los últimos días". "Necesitamos a gente responsable, gente que mire con dignidad a los ojos de los rumanos", ha sostenido, según el citado medio.
En este sentido, ha instado al primer ministro, Sorin Grindeanu, y al líder del PSD, Liviu Dragnea, que anulen el decreto y que presenten en lugar de ello un proyecto de ley que se pueda debatir en el Parlamento, consultado además a especialistas y a la sociedad civil.
Chirica ha reprochado a Dragnea, que fue primer ministro y que no pudo repetir tras las elecciones de diciembre por tener una condena en su contra, que "no se rodea de personas adecuadas" y que debería "corregir los errores cometidos"
Entretanto, Iordache, autor de la polémica medida que ha desencadenado protestas no vistas en el país desde la caída del comunismo, ha delegado sus funciones hasta el 7 de febrero, según ha informado la portavoz de su departamento, Cristina Lita, a la agencia Agerpres.
Según ha precisado, el secretario de Estado, Constantin Sima, pasará a ejercer las funciones de Iordache, quien ha optado por delegar sus obligaciones por la "intensa actividad" relacionada con la aprobación del Presupuesto para 2017.
De aplicarse el decreto aprobado por el Gobierno supondría, entre otras cosas, la despenalización de los delitos de abuso de poder en los que haya implicadas cifras inferiores a 200.000 lei (menos de 44.000 euros).
Eso pondría fin al actual juicio en curso contra Dragnea, que está acusado de usar su influencia política para conseguir salarios estatales para dos personas que trabajaron en la sede de su partido entre 2006 y 2013. Decenas de diputados y alcaldes en todos los partidos se beneficiarían del decreto.