En el marco de estas negociaciones, los colonos han acordado evacuar los edificios, ubicados en una zona bajo control administrativo palestino y de control securitario conjunto, en el plazo de ocho días, según ha informado el diario israelí 'Haaretz'.
Así, es la primera ocasión que un gobierno israelí ha declarado su intención de legalizar el asentamiento de Havat Gilad.
"La posibilidad de legitimizar parte de la zona disputada está siendo examinada de forma paralela a la evacuación de edificios que están claramente en terrenos palestinos", ha indicado la oficina de Yaalon. "Nos ceñimos a la ley y seguiremos haciéndolo. Lo que es ilegal ha de ser tratado como tal", ha agregado.
El asentamiento de Havat Gilad cuenta con alrededor de 40 estructuras de vivienda y fue establecido en 2002 en honor a Gilad Zar, un agente de seguridad que fue asesinado en un atentado terrorista palestino.
El estatus legal del terreno es complejo, si bien los informes de la Administración Civil lo reconocen como territorio palestino. Sin embargo, una compañía del padre de Gilad ha solicitado que se le transfiera el registro de la propiedad tras comprar los terrenos, petición que está siendo procesada.
Los asentamientos israelíes en Cisjordania y Jerusalén Este son ilegales en base al Derecho Internacional, a pesar de lo que el Ejecutivo israelí distingue entre las colonias que han recibido una autorización oficial y las que no.
Asimismo, el traslado de población de un territorio ocupante a un territorio ocupado es considerado como un crimen de guerra por la Cuarta Convención de Ginebra.
En este sentido, un equipo de investigadores del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas advirtió en enero de que la política de asentamientos de Israel en los territorios palestinos viola la Cuarta Convención de Ginebra y constituye un crimen de guerra que entraría en la jurisdicción del Tribunal Penal Internacional (TPI), por lo que reclamó su suspensión "sin condiciones" y la "retirada inmediata" de los actuales asentamientos judíos.
El equipo de investigación fue aprobado en marzo de 2012 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU a fin de examinar la política de asentamientos de Israel en los territorios palestinos y en Jerusalén Este.
El Gobierno israelí se negó a colaborar con los expertos y se escudó en que el Consejo tiene un enfoque desequilibrado y en que su política de asentamientos en Cisjordania está justificada por la Biblia.
Alrededor de 250 asentamientos judíos han sido establecidos en Cisjordania y Jerusalén Este desde su ocupación militar por parte de Israel en 1967, con una población estimada en ellos de 520.000 colonos, según el informe de la ONU.