El Gobierno de Bahréin tiene intención de legalizar al grupo opositor Waad, que podrá retomar sus actividades este sábado en su sede central de Manama y, después, en su oficina de Muharraq, según ha informado este sábado el portavoz del grupo de la oposición Waad, Radhi al Musawi. No obstante, activistas opositores han denunciado que Waad ha tenido que aceptar su participación en el proceso de diálogo nacional a cambio de su legalización.
Al Musawi ha explicado que Waad ha enviado una declaración al Gobierno en la que apoya el diálogo político propuesto por el rey de Bahréin, Hamad bin Isa al Jalifa, que comenzará el próximo 1 de julio. El documento también refleja la petición de este grupo al monarca para que estudie el caso de su líder, Ibrahim Sharif, detenido bajo la acusación de planear, junto con otros dirigentes de la oposición, un golpe de Estado respaldado por "grupos terroristas extranjeros".
Sin embargo, activistas opositores han denunciado que Waad ha recibido presiones para que diese su visto bueno al diálogo nacional y que, a cambio, han conseguido su legalización.
No obstante, ni Waad ni el grupo de la Sociedad Islámica Nacional(Wefaq) han señalado que vayan a participar en el diálogo nacional, en el que van a participar numerosos grupos, que no tienen representación, lo que pueden determinar el resultado de las negociaciones. En ese sentido, el líder de Wefaq, el jeque Alí Saiman, explicó este viernes que demasiados grupos "sería una concentración social, no un diálogo político".
Por su parte, el heredero de la corona, el jeque Salman bin Hamad al Jalifa, que está considerado por la oposición como el mejor candidato para liderar el futuro debate, ha pedido a los ciudadanos que participen en el diálogo.
El presidente del Consejo de Representantes, el Parlamento de Bahrein, Jalifa al Dhahrani, fue nombrado la semana pasada responsable del proceso de diálogo nacional prometido por el régimen a la oposición tras semanas de protestas.
Durante los últimos meses, los habitantes de Bahrein han salido las calles del país para pedir cambios democráticos, y han sido, en ocasiones, fuertemente reprimidos. El Gobierno decretó el Estado de emergencia el pasado mes de marzo y miles de personas fueron detenidas o despedidas de sus puestos de trabajo dependientes del Estado por participar en estas protestas.