Rajab había sido llamado a declarar por la fiscalía en reiteradas ocasiones en los últimos meses y permaneció detenido entre el 5 y el 28 de mayo y de nuevo a partir del 6 de junio a causa de unas afirmaciones que hizo a través de su cuenta de Twitter en las que pidió la dimisión del primer ministro, Jalifa bin Salman Al Jalifa. Actualmente, cumplía una pena de tres meses de cárcel por las críticas en la red social.
El mensaje, publicado tras la visita del primer ministro a la localidad de Muharraq, pedía su dimisión y decía que "todo el mundo sabe que no eres popular, y que si no fuera por su necesidad de dinero, (los residentes de Muharraq) no te hubieran dado la bienvenida".
Sin embargo, el Gobierno ha explicado que el veredicto contra Rajab "fue resultado de los cargos presentados por tres casos diferentes, en los que Rajab pidió y participó en manifestaciones ilegales en la capital, Manama". "Estas manifestaciones tuvieron lugar en sitios con gran cantidad de tráfico y zonas comerciales, causando el bloqueo de carreteras y actos de vandalismo", ha argumentado.
Por último, ha reiterado que el Gobierno está comprometido con la mejora de sus estándares democráticos y a nivel de Derechos Humanos, incluyendo la libertad de expresión y el derecho de asamblea, según ha informado la agencia estatal de noticias bahreiní, BNA.
En este sentido, ha recordado que "las manifestaciones legales tienen lugar de forma regular" y que "el Gobierno participa en conversaciones con las organizaciones civiles y políticas para establecer zonas en las que se puedan llevar a cabo las protestas garantizando la libertad de movimiento de la población".
Desde el mes de junio, las autoridades del país han negado el permiso a todas las peticiones autorización para realizar manifestaciones presentadas por el partido Wefaq. En todos los casos han alegado motivos de seguridad y han hecho referencia a la ley sobre asambleas y manifestaciones para justificar su decisión.
Asimismo, el Gobierno ha argumentado en varias ocasiones que ya había dado permiso a numerosas manifestaciones durante este año, por lo que no veía motivos para seguir autorizándolas.
El emirato, aliado de Estados Unidos y las monarquías del Golfo, ha reprimido violentamente durante el último año las protestas pro democráticas en el territorio. Manama ha impuesto la ley marcial y ha pedido la entrada de tropas saudíes y emiratíes para controlar las protestas y aplastar las manifestaciones.
La oposición ha denunciado las medidas violentas utilizadas por las fuerzas de seguridad y ha afirmado que han fallecido más de 80 personas desde el inicio de las protestas, la mayoría de ellas por gases lacrimógenos y atropellos de vehículos policiales.
Además, desde el inicio de la represión de las autoridades contra los manifestantes, ONG internacionales como Amnistía Internacional (AI), Human Rights Watch (HRW) o Reporteros Sin Fronteras(RSF) han emitido múltiples comunicados para denunciar la situación de Derechos Humanos en el país y pedir a la comunidad internacional una postura activa de presión sobre el Ejecutivo.