A través de un comunicado publicado por el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Gobierno de Federico Franco ha rechazado la medida al considerar que "se ha adoptado obviando los procedimientos regulares", dado que "no se ha dado oportunidad alguna al Estado afectado de pronunciarse al respecto" y que está suscrita por países asociados.
En cambio, el Gobierno recuerda que el juicio político que se celebró el pasado viernes en el Congreso y que dio lugar a la destitución de Lugo se basó en el artículo 255 de la Constitución de Paraguay y permitió al ex presidente que se defendiera de las acusaciones en su contra, "garantizándose por consiguiente el debido proceso".
Así, ha defendido que "no resulta posible negar la constitucionalidad del juicio político, ni la abrumadora mayoría con que se tomó la decisión de condenar al ex presidente, ni que el afectado se sometió al juicio político y acató públicamente la resolución adoptada".
Por ello, ha considerado que la decisión de MERCOSUR "se extralimita al descalificar las decisiones adoptadas en el uso de sus legítimas atribuciones por el Poder Legislativo de Paraguay, tan electo por el pueblo como el ex presidente Fernando Lugo".
Asimismo, ha criticado que la decisión del bloque económico "no contribuye en nada a la paz y a la tranquilidad pública de Paraguay, ni a la integración regional".