La Administración de Donald Trump ha cuestionado el 'Acuerdo Flores', interpretado durante años para establecer el límite de 20 días de reclusión para los menores que hayan cruzado ilegalmente la frontera sur. El compromiso de 1997 también establece que estos menores deben estar en instalaciones avaladas directamente por los estados.
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La regulación implicaría tumbar ambos aspectos, si bien se espera una ola de recursos para frenar cualquier cambio a unos protocolos que, en opinión de la secretaria de Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen, dejan "vacíos legales" que impiden a las autoridades detener y deportar a los inmigrantes en situación irregular.
"Esta directiva resuelve uno de los principales factores de atracción para la inmigración ilegal y permite al Gobierno federal aplicar las leyes aprobadas por el Congreso", ha esgrimido Nielsen. El Ejecutivo sí se compromete a que "todos los menores bajo custodia sean tratados con dignidad, respeto y teniendo especial preocupación por su vulnerabilidad".
La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) ya ha criticado la medida por boca de su portavoz para derechos migratorios, Omar Jadwat. A su juicio, "es repugnante ver al Gobierno de Estados Unidos analizar vías para encerrar más tiempo a los niños".
Trump ha anunciado una política de "tolerancia cero" en la frontera con México que se ha traducido en algunas medidas polémicas, como la separación familiar. Tras la polémica suscitada, el presidente dio marcha atrás y permitió a las familias seguir juntas tras la interceptación, si bien miles de menores seguirían a la espera de reunirse con sus padres.