En su informe 'Objetivo Sada: Los ilegales bombardeos en Sada, Yemen', HRW ha criticado la decena de ataques contra este bastión huthi, una ofensiva que ha destruido viviendas de civiles, cinco mercados, una escuela y una estación de gasolina, todos lugares en los que no hay pruebas de que se hayan usado con fines militares.
El documento confirma la muerte de 59 civiles, entre los que habría 35 menores e insta a la coalición a investigar todas las presuntas violaciones de guerra y a ofrecer compensaciones a las víctimas.
"Los ataques de la coalición han matado a decenas de civiles y han desbastado familias enteras, todo indica que esta ofensiva supone una seria violación de las leyes de guerra y tiene ser investigada correctamente", ha afirmado la directora de HRW en la región, Sarah Leah Whitson. El informe, de 47 páginas, aporta 28 entrevistas con víctimas y testigos de los bombardeos en la ciudad de Sada, así como fotografías, videos e imágenes de satélite.
La coalición panárabe, formada por nueve países y liderada por Riad, comenzó su campaña aérea contra los huthis el pasado 26 de marzo, después de que estos controlaran las principales ciudades del país y forzaran la marcha del presidente yemení, Abdo Rabú Mansur Hadi, que actualmente está exiliado en Arabia Saudí.
A principios de mayo la coalición declaró Sada como objetivo militar y advirtió a la población para que abandonara la ciudad. Para HRW esta declaración supuso una violación de la leyes de guerra porque no distinguió entre objetivos civiles y militares.
Para elaborar su informe, la ONG ha investigado seis bombardeos en zonas residenciales y en una escuela en Sada. El bombardeo con más víctimas mortales sucedió el pasado 6 de mayo, la coalición atacó un centro cultural y una casa cercana en la que mató a 27 miembros de una misma familia, entre los que se incluyeron 17 niños.
Tal y como recuerda HRW, en aplicación del derecho internacional humanitario, los civiles y estructuras civiles no pueden ser objetivo deliberados de ataques. En su opinión, la ofensiva de la coalición no hizo una distinción entre combatientes y civiles. La legislación también prohíbe un daño civil desproporcionado en relación con el volumen militar de la operación. Las partes del conflicto están obligadas a tomar todas las medidas posibles para minimizar el daño civil.