El Tribunal Antiterrorista, inaugurado en Damasco por el ministro de Justicia hace un año, ha condenado a numerosos activistas por su relación con "actos terroristas". Sin embargo, en un comunicado publicado hoy por HRW, los actos a los que se refiere el tribunal han sido algunos como "ayuda humanitaria, participación en protestas o documentación sobre violación de derechos humanos".
"El nuevo Tribunal Antiterrorista promueve que las agencias de seguridad de Siria persigan a activistas pacíficos", ha explicado Nadim Houry, director adjunto de HRW para Oriente Próximo.
El Tribunal Antiterrorista, establecido por Bashar al Assad el 25 de julio de 2012 para poder aplicar la ley que había entrado en vigor tres semanas antes, se encarga de intentar que tanto civiles como militares puedan ser juzgados por actos relacionados con terrorismo. Al menos 50.000 personas han pasado por este tribunal en poco menos de un año y 35.000 detenidos han sido juzgados a pesar de haber realizado actos políticos no violentos, según abogados sirios.
La definición de terrorismo de esta nueva ley muestra que la intención de la misma es tener argumentos para poder detener a la oposición, según HRW.
ACTOS TERRORISTAS
Cinco miembros del Centro de Medios de Comunicación y Libertad de Expresión de Siria fueron acusados por "publicitar actos terroristas" en febrero y si son condenados tendrán que enfrentarse a 15 años de prisión.
Los actos terroristas de los que se les acusa son, según HRW, la "publicación de noticias sobre la oposición siria, la documentación sobre estudios sobre la situación de los derechos humanos y los medios de comunicación en Siria o la recepción de fondos de organizaciones de Occidente". El tribunal considera que estos actos son un intento de "alterar la situación interna en Siria y provocar que organismos internacionales condenen a Siria", ha explicado HRW.
Familiares y abogados de algunos detenidos por el Tribunal Antiterrorista han afirmado que en numerosas ocasiones las confesiones utilizadas en los juicios contra los acusados son extraídas bajo torturas. Otros abogados han comunicado a HRW irregularidades en los juicios celebrados ante este tribunal, como penas de muerte 'in absentia', o condenas de hasta 20 años por delitos no cometidos, pero admitidos bajo coerción del tribunal.