Los enfrentamientos en El Cairo a finales de junio entre la Policía y manifestantes en los que hubo más de mil heridos ponen de manifiesto la "necesidad urgente" de reformar las fuerzas de seguridad egipcias tras la revuelta que culminó en la dimisión del presidente Hosni Mubarak, ha defendido este viernes Human Rights Watch (HRW).
En opinión de la organización internacional, el Gobierno egipcio debería elaborar rápidamente un código interno de conducta para supervisar las manifestaciones y ordenar una investigación exhaustiva sobre cualquier uso indebido de armas de fuego y armamento de control de protestas por parte de los antidisturbios.
"Las imágenes de los agentes de la Seguridad Central lanzando piedras de vuelta contra los manifestantes y lanzando gases lacrimógenos incansablemente es una prueba más que suficiente de la necesidad de que la Policía siga los estándares básicos internacionales", ha subrayado el subdirector de HRW para Oriente Próximo y el norte de África, Joe Stork. "Ante las nuevas protestas previstas para el 8 de julio, el Gobierno necesita actuar rápidamente para evitar más caos y heridos", ha añadido.
Según HRW, las Fuerzas de Seguridad Central (la Policía antidisturbios egipcia) tienen una historia bien documentada de uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos así como de disparar contra inmigrantes desarmados en la frontera del Sinaí.
El Gobierno anunció el pasado 29 de junio que ha ordenado una investigación sobre los enfrentamientos, que duraron 16 horas, entre ese día y el anterior, entre los antidisturbios y los manifestantes que protestaban porque no se ha juzgado a antiguos responsables del país.
Según los datos del Ministerio de Sanidad, al menos 1.114 personas resultaron heridas en los incidentes. El ministro del Interior, Mansour al Eissawi, ha negado que la Policía hiciera un uso excesivo de la fuerza, pero organizaciones de Derechos Humanos locales han documentado el uso de balas recubiertas de goma y pistolas de perdigones.
"La negación por parte del ministro del Interior de una conducta indebida de la Policía antes de que se realizara ninguna investigación oficial es prematura y no es una buena señal de su compromiso para cambiar el modo en que actúan las fuerzas de seguridad", ha opinado Stork.
"El primer paso debería ser garantizar una investigación plena e imparcial de la violencia filmada en imágenes de vídeo y hacer que todos los responsables rindan cuentas, tanto policías como manifestantes", ha defendido el responsable de HRW.
Además, la Policía detuvo a al menos 44 personas en el lugar de los hechos y las llevó ante fiscales militares, que ordenaron su arresto durante quince días mientras se investigan los cargos de agresión a funcionarios públicos, destrucción de propiedades públicas y posesión ilegal de armas, relata HRW.
Según esta organización, el uso continuo de tribunales militares para juzgar a civiles refleja una "alarmante falta de respeto de los estándares internacionales y de los derechos del debido proceso".