Los magistrados instructores han considerado que, conforme a las pruebas presentadas por la Fiscalía del TPI, hay indicios suficientes para investigar oficialmente los supuestos crímenes contra la Humanidad --asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, torturas, reclutamientos y violencia sexual-- cometidos por parte de las fuerzas burundesas y el grupo Imbonerakure --juventudes del partido gobernante--.
El periodo investigado comienza en abril de 2015, cuando Pierre Nkurunziza anunció que aspiraría a un tercer mandato, y acaba en octubre de 2017, justo antes de que surtiera efecto la notificación realizada un año antes por el Gobierno burundés al TPI anunciando su retirada del Estatuto de Roma --tratado fundacional de la corte de La Haya-- por considerar que solo se centra en los crímenes cometidos en África.
El TPI puede mantener el caso contra Burundi porque, aunque desde el pasado 26 de octubre ya no es Estado miembro, las pesquisas se refieren a un periodo en el que sí lo era y, por tanto, según han recordado el tribunal y la Fiscalía, está obligado a colaborar.
"La decisión de abrir una investigación evidencia que la retirada del TPI no es un escudo para proteger a un gobierno de las investigaciones sobre su papel en graves violaciones de los Derechos Humanos", ha dicho Param-Preet Singh, responsable de justicia internacional en HRW.
Singh ha valorado además que el voto de los magistrados ha dado a las víctimas la esperanza de que los responsables de estos crímenes respondan ante la Justicia. "El papel del TPI no puede ser negado dejando los horribles abusos olvidados en la oscuridad", ha enfatizado.