HRW señala que, en al menos cinco ocasiones a lo largo de este año, las autoridades israelíes han "demolido o sellado" viviendas de familiares de palestinos acusados de matar a israelíes. Ha ocurrido esta semana, el pasado miércoles, cuando fuerzas hebreas destruyeron con explosivos la casa donde vivía la familia de un hombre de Jerusalén Este acusado de atropellar a una niña pequeña el pasado 22 de octubre.
"La destrucción de viviendas con carácter punitivo es un acto flagrantemente ilegal", ha declarado el director adjunto de HRW para Oriente Próximo de HRW, Joe Stork. "Israel debería procesar, condenar y castigar a los criminales, no vengarse de familias enteras".
Las autoridades israelíes recuerdan que las familias palestinas disponen de 48 horas para apelar contra la demolición de su hogar, pero el Alto Tribunal de Justicia israelí no admite ningún otro tipo de medida de alivio, ni tampoco reconoce el aspecto del derecho internacional que prohíbe la demolición de viviendas en territorios ocupados como Cisjordania o Jerusalén Este.
A pesar de que esta práctica es considerada oficialmente como una medida de "contención", y así lo hizo saber Mark Regev, portavoz de la oficina del primer ministro israelí Benjamin Netanhayu --"hay que impedir esta cultura de apoyo en la sociedad palestina ante tales ataques", declaró al 'New York Times'--.
Sin embargo, un comité militar israelí concluyó en 2005 que esta política no impedía los ataques palestinos contra los israelíes. Es más, los incrementaba, y consideraba que esta clase de comportamientos suponía un "peligroso precedente" que podría ser contraproducente para el futuro de Israel.
"El primer ministro Netanyahu debería rechazar la política de estas demoliciones punitivas, porque un principio básico legal es que una persona no debería ser castigada por el delito cometido por otra", ha concluido Stork.