HRW critica la represión en Mauritania contra activistas que denuncian asuntos sensibles
EUROPA PRESS
13/02/201807:47 h.En su último informe, la ONG ha indicado que la legislación del país permite al Gobierno rechazar el reconocimiento legal de asociaciones que denuncian estos abusos argumentando que llevan a cabo "propaganda contra la nación" o "ejercen una influencia no deseada en las mentes de la población".
"Las autoridades toleran cierta medida de activismo pro Derechos Humanos. Pero cuando los activistas intentan abordar los problemas sociales más acuciantes del país, más probable es que hagan frente a prohibiciones, juicios y obstáculos diseñados para dificultar su trabajo", ha dicho la directora de HRW para Oriente Próximo y Norte de África, Sarah Leah Whitson.
En este sentido, la organización ha puesto ejemplo el caso por apostasía contra el bloguero Mohamed Uld Mjeitir, condenado a muerte y cuya pena fue rebajada en noviembre de 2017, si bien sigue en paradero desconocido desde entonces. Asimismo, Abdallahi Saleck y Musa Bilal Biram cumplen dos años de prisión por denunciar la esclavitud en el país.
Mauritania está integrada por tres grupos étnicos principales. Los dos primeros, que suman el 70 por ciento de la población, hablan el dialecto árabe conocido como hasaniya. Uno de ellos, los beidan, descienden de árabes y bereberes, mientras que el otro, los haratin, está integrado por antiguos esclavos y sus descendientes.
El tercer grupo, los afromauritanos, incluyen varios grupos étnicos cuyos idiomas nativos son africanos. Entre 1989 y 1991, en medio de las tensiones con Senegal, las autoridades llevaron a cabo ejecuciones sumarias y expulsiones a Senegal de los afromauritanos.
En 1993, las autoridades concedieron una amnistía a los responsables de abusos, y el Gobierno sostiene en la actualidad que dio compensaciones a las víctimas y que es hora de pasar página, lo que es denunciado por activistas que reclaman que haya una rendición de cuentas.
Por otra parte, el país abolió la esclavitud en 1981 y la criminalizó en 2007, si bien activistas denuncian que la práctica sigue existiendo en Mauritania a pesar de la falta de datos al respecto.
El grupo más destacado en la denuncia contra la esclavitud es la Iniciativa por el Resurgimiento del Movimiento Abolicionista (IRA), del que son miembro Saleck y Biram. Otros ocho miembros del mismo fueron condenados junto a ellos a penas de menor duración.
HRW ha resaltado que "Mauritania ha dado pasos para mostrar su compromiso con el sistema internacional de Derechos Humanos", agregando que delegaciones de la ONG visitaron el país dos veces en 2017 "sin obstáculos" por parte de las autoridades.
Sin embargo, ha reiterado que "las autoridades minan estos pasos positivos con su represión contra los activistas locales", reclamando al Gobierno que desvele el paradero de Mjaitir y que abola la cláusula del Código Penal que contempla la pena de muerte para los condenados por apostasía.
"Las autoridades apuntan a las miles de asociaciones independientes legalizadas como prueba de que la sociedad civil florece, pero la prueba verdadera se encuentra en cómo trata el Gobierno a la pequeña minoría de asociaciones que plantean preguntas difíciles de forma agresiva", ha remachado Whitson.