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El fundador de Wikileaks, Julian Assange, se sentará este lunes en el banquillo de los acussados del tribunal de Woolwich, en el sur de Londres. Comienza así un proceso judicial con el que Estados Unidos pretende que sea extraditarlo por publicar material clasificado de las guerras de Irak y Afganistán en 2010 y 2011. Según su defensa, dicha información “expuso abusos contra los Derechos Humanos que el Ejército estadounidense cometió en esos países”.
Para Kristinn Hrafnsson, redactor jefe de Wikileaks, “es un caso muy político. Y es el mayor ataque contra el periodismo nunca visto en el mundo”. En declaraciones a los corresponsales extranjeros en Londres, este periodista de investigación islandés insiste en que “si Assange fuese condenado cualquier periodista podrá serlo a partir de entonces” simplemente por publicar información incómoda.
“Eso sienta un precedente aterrador”, asegura Jennifer Robinson, una de las abogadas que forma parte del numeroso equipo legal del ciberactivista australiano. Le defienden algunos de los abogados estrella de Derechos Humanos del Reino Unido, como Gareth Peirce, Edward Fitzgerald o Mark Summers. Para ellos lo publicado es “información de interés público” y “una prueba de que EEUU cometió allí crímenes de guerra”.
Este caso ha generado un debate sobre si este puede considerarse realmente un periodista o solo un hacker. “¿Quién decide eso? No es el Secretario de Estado, Mark Pompeo, o el Presidente Donald Trump, que no lo consideran como tal. Sin embargo, la Federación Internacional de Periodistas lo ha reconocido como periodista”, dice Hrafnsson.
Assange consiguió la información gracias a Chelsea Manning. Esta ex analista del Ejército estadounidense -ahora de nuevo en prisión- entregó los miles de cables al fundador de Wikileaks porque sintió que “era lo correcto”. No podía quitarse de la cabeza escenas escalofriantes como la que muestra cómo desde un helicóptero soldados estadounidenses mataban a una decena de civiles en Irak en 2007.
El periodista británico de “The Independent” y ex corresponsal del “Financial Times” en Oriente Medio, Patrick Cockburn, recuerda cómo la agencia “Reuters”, que sabía de la existencia de dichas imágenes, intentó hacerse con ese vídeo, pero el Pentágono se negó a entregarlo. “Las historias que publicó Assange son de una importancia enorme. Para mí eso lo hace periodista”.
Uno de los argumentos que la Fiscalía de EEUU ha usado contra él es que "la publicación de esos vídeos y documentos puso en peligro a agentes de ese país". Pero, según Cockburn, “esos datos no estaban en el sistema. Si hubiera habido información tan comprometida allí Chelsea Manning no habría podido acceder a ella”.
¿Cuánto puede durar este proceso judicial?
Hasta el viernes ambas partes presentarán sus argumentos legales. Después habrá un parón hasta el 18 de mayo. A partir de entonces, y durante tres semanas, ambas partes se centrarán en presentar las pruebas. La sentencia se espera antes de que acabe el año.
Sobre Assange pesan dieciocho cargos y, si fuese condenado, podría enfrentarse a 175 años de prisión. Si así ocurriese, sus abogados, que aseguran que apelarían esa decisión, creen que el proceso podría prolongarse 2 o incluso 3 años.
El equipo legal de Assange se refiere a menudo a “the Spanish case”. Se trata de la querella interpuesta en España por el fundador de Wikileaks contra la empresa española Undercover Global SL, que proporcionaba la seguridad de la Embajada de Ecuador, donde el ciberactivista estuvo refugiado siete años.
Jennifer Robinson explica que “el proceso criminal está en marcha. Las reuniones de Assange con sus abogados fueron grabadas, incluidas las mías. Y la empresa de seguridad entregó después esas grabaciones a los Estados Unidos. Eso es un atentado contra el derecho fundamental a una defensa adecuada de nuestro cliente. Y, por ello, lo vamos a poner de manifiesto esta semana ante el juez”.
El fundador de Wikileaks, de 48 años, ha pasado meses en régimen de aislamiento en la cárcel de alta seguridad de Belmarsh, donde suelen encerrar a los individuos más peligrosos. “No se entiende que esté recluido en esa prisión, como si fuese un miembro del Estado Islámico”, denuncia Cockburn.
Su padre, John Shipton, que lo ha visitado allí esta semana, ha expresado preocupación por la salud de su hijo. “Ha sufrido tortura psicológica encerrado durante tanto tiempo y por ser durante años el hombre más vigilado del planeta”, pero reconoce que su estado ha mejorado y ha confirmado que este lunes Assange estará presente en la vista.
“Hace un par de años dijimos que cuando saliese haríamos juntos el Camino de Santiago. Ahora tiene una rutina diaria que consiste en meditar visualizando el Camino. Todos los días hace un tramo”, cuenta su padre, que ha estado ya en diez países haciendo campaña por su hijo y tiene previsto visitar España próximamente.
Una década entre las cuerdas
Su saga judicial comenzó cuando en 2010 la Fiscalía de Suecia presentó cargos contra él (ahora retirados) por supuestamente violar a dos mujeres. Su miedo a que el Reino Unido, donde se encontraba en ese momento, lo entregase a las autoridades suecas y estas, por consiguiente a EEUU, lo llevó a pedir protección a Ecuador en 2012.
Su reclusión voluntaria en el ya famoso edificio de ladrillo rojo del barrio de Knightsbridge de Londres acabó de forma dramática en abril del año pasado, cuando Scotland Yard entró y se lo llevó detenido. Fue condenado a 50 semanas de prisión por saltarse la libertad condicional en la que se encontraba cuando se refugió en esa embajada. En septiembre debía quedar libre pero el magistrado optó por mantenerlo encarcelado por su “historial de evadir la Justicia”.
A medida que se acerca la vista, más personalidades públicas están mostrando su apoyo. Diputados de Australia de distintos colores políticos se han desplazado también hasta Londres para visitarlo en prisión. Entre ellos, el carismático George Christensen, diputado del Partido Liberal, que ha querido lanzar la voz de alarma: “Soy conservador y un gran admirador de Donald Trump, pero a la vez soy un gran defensor de la libertad de expresión y de la libertad prensa. Y no tiene sentido que lo juzgue un tribunal extranjero y lo entregue a la Justicia de otro país extranjero. El Gobierno australiano no debería consentir esto”.