Los nueve jueces que llevan el caso se han comprometido a estudiar la petición de estas ONG para determinar si su decisión de rechazar la alternativa que les ha ofrecido el Gobierno queda amparada por la ley federal de Restauración de la Libertad Religiosa de 1993, según 'The New York Times'.
El Gobierno ha ofrecido a las ONG no pagar la parte del 'Obamacare' destinada a los anticonceptivos, siempre y cuando lo notifiquen a la Administración a través de los procedimientos establecidos y se lo comuniquen también a sus asegurados.
Las instituciones religiosas quedan automáticamente exentas del pago de los anticonceptivos, pero las organizaciones vinculadas a éstas deben seguir un trámite específico para ello, algo a lo que las ONG se han negado al considerar que va contra su fe.
La Ley de Libertad Religiosa establece que las cargas que el Gobierno imponga a las prácticas religiosas están sujetas a una demanda excepcional de escrutinio jurídico. El Ejecutivo debe mostrar que tal exigencia de cobertura es "la menos restrictiva de las posibles".