El exasesor de comunicaciones del expresidente egipcio Mohamed Mursi, Wael Haddara, ha asegurado este martes que el exmandatario le comunicó en diciembre de 2012 que sería asesinado, al tiempo que ha subrayado que el Ejército podría optar por ejecutarle, lo que "sería un asesinato, pero con otras palabras"-
En una entrevista concedida a la cadena de televisión británica, Haddara ha indicado que no le sorprendió el arresto de Mursi ni la apertura de un "juicio falso" contra él. Asimismo, ha revelado que la Guardia Republicana exigió la dimisión del exmandatario tras las protestas del 30 de junio, pero que éste se negó.
Asimismo, ha dicho que Estados Unidos consideró en los días previos al derrocamiento que la salida de Mursi era inevitable, al tiempo que ha desvelado que varios diplomáticos extranjeros intentaron contactar con el entonces presidente para encontrar una salida a la crisis, según ha recogido el diario egipcio 'Al Masry al Youm'.
El juicio contra Mursi y otros catorce dirigentes del Partido Libertad y Justicia (PLJ), vinculado a Hermanos Musulmanes, se inició el lunes y fue aplazado hasta el 8 de enero para permitir a la acusación y a la defensa examinar los documentos presentados por las dos partes.
Durante la vista, el exmandatario reiteró que es el único jefe de Estado "legítimo" y ha reclamado "el fin del régimen militar", lo que ha sido alabado por la principal coalición islamista del país, la Alianza Nacional en Apoyo a la Legitimidad.
El golpe de Estado fue perpetrado el 3 de julio tras la reiterada negativa de Mursi a presentar su dimisión en el marco de manifestaciones multitudinarias contra su mandato, alegando que se trataba de un mandatario electo y de la existencia de manifestaciones también en su favor, si bien estas fueron de menor calado.
Por su parte, el Ejército asegura que su actuación respondió a la voluntad de la población, que había tomado las calles para protestar contra el mandato de Mursi.
Hermanos Musulmanes se ha negado en múltiples ocasiones a reconocer la legitimidad de las autoridades surgidas tras el derrocamiento del expresidente, miembro de la organización islamista, y ha sostenido que el nuevo gobierno es de tinte golpista.
Asimismo, ha denunciado la existencia de una campaña de persecución contra la formación con el arresto de decenas de sus miembros, entre ellos los integrantes de su cúpula, y la represión de las manifestaciones celebradas tras el derrocamiento de Mursi, que se han saldado con más de un millar de muertos a causa de la actuación de las fuerzas de seguridad.