En el último año se ha producido un "alarmante resurgimiento" del uso de mercenarios en los conflictos armados, según denuncia un informe elaborado por el panel de cinco expertos de Naciones Unidas, en el que instan a los países a adoptar medidas para frenar la tendencia.
En su intervención ante la Asamblea General, la presidenta del panel, Faiza Patel, ha advertido de que en este periodo se ha producido una "expansión" de las actividades de los mercenarios, "a menudo con formas novedosas", en los conflictos armados.
En concreto, se ha referido a Costa de Marfil y Libia, donde el panel sospecha que "los mercenarios están implicados en graves violaciones de los Derechos Humanos, como ejecuciones sumarias, desapariciones forzosas, torturas, violaciones y detenciones arbitrarias".
En el caso de Costa de Marfil, Patel ha citado informes en los que se documenta que el ex presidente Laurent Gbagbo contrató a 4.500 liberianos para derrocar al presidente, Alassane Ouattara, considerado legítimo vencedor de las elecciones presidenciales de noviembre por la comunidad internacional.
Sobre Libia, ha recordado que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha confirmado la participación de mercenarios africanos y de Europa del Este en los enfrentamientos entre rebeldes y 'gadafistas', sobre todo en apoyo del bando gubernamental.
En este contexto, Patel ha urgido a los países ajenos a la Convención de Naciones Unidas sobre el Uso de Mercenarios de 1989 a ratificar "urgentemente" su contenido para permitir que estos sujetos sean detenidos y juzgados por sus crímenes.
COMPAÑÍAS DE SEGURIDAD PRIVADAS
En la misma línea, ha advertido del creciente uso de las compañías de seguridad privadas por parte de los países e incluso de Naciones Unidas, lo que ha hecho crecer la industria de 20.000 millones de dólares anuales a 100.000 millones de dólares (de 14.630 a 73.150 millones de euros).
Patel ha considerado que "el impacto de la actividad de estas compañías en los Derechos Humanos" requiere una regulación. Así, ha propuesto a la Asamblea General un borrador para obligar a los países a crear un sistema de registro y concesión de licencias, determinar qué actividades pueden desarrollar estas compañías y establecer un sistema de control internacional.
Actualmente, los Estados miembro están revisando este borrador. Aunque algunos abogan por la creación de una regulación internacional, otros prefieren elaborar un código de conducta. Está previsto que el próximo mes de enero se reúna el grupo de trabajo intergubernamental del Consejo de Derechos Humanos para debatir la cuestión.