El presidente de Sudán, Omar al Bachir, anunció hoy que en el plazo de un año las agencias internacionales de asistencia humanitaria deberán abandonar el país y que de su labor se encargarán organizaciones sudanesas.
De llevarse a cabo, las consecuencias de esta decisión serían "enormes" para los millones de sudaneses que dependen de la ayuda internacional para sobrevivir, particularmente en Darfur, aseguró Holmes.
"Los donantes internacionales y las organizaciones de cooperación, sean ONG o de la ONU, no estarán dispuestas simplemente a entregar su material al Gobierno sudanés para que lo reparta como quiera", apuntó el diplomático británico en una conferencia de prensa.
Añadió que en los campos de desplazados no se recibiría con los brazos abiertos a las entidades humanitarias del Gobierno sudanés, al que culpan del conflicto que padece la región.
"No sería nada seguro para ellos entrar en esos campos en medio de las circunstancias políticas que todos conocemos", señaló.
El subsecretario general de la ONU reconoció que el anuncio realizado por Al Bachir durante una ceremonia con jefes militares y policiales en Jartum tomó por sorpresa al organismo mundial.
"Lo que pensamos es que es una decisión inapropiada que debería ser rescindida", indicó.
La medida anunciada por Al Bachir se suma a la expulsión del país de trece ONG extranjeras y la interrupción de las operaciones de otras tres nacionales decretada después de que la Corte Penal Internacional (CPI) ordenara el arresto el pasado 4 de marzo del mandatario sudanés.
El tribunal internacional acusa a Al Bachir de crímenes de guerra y contra la humanidad por su presunta responsabilidad en la comisión de atrocidades contra la población civil de Darfur.
Las ONG expulsadas o suspendidas en sus operaciones fueron acusadas por el Gobierno de Sudán de "colaborar" con el tribunal internacional en las gestiones que llevaron a la orden de arresto de Al Bachir.
El conflicto en esa región estalló cuando dos grupos insurgentes se levantaron en armas en febrero de 2003 contra el régimen de Jartum en protesta por la pobreza y la marginación.
Desde entonces, unas 300.000 personas han muerto y otros dos millones y medio se han visto obligados a abandonar sus hogares, según cálculos de la ONU.