Según un informe realizado por la Misión Multidimensional Integrada de Naciones Unidas para la Estabilización de República Centroafricana (MINUSCA) durante los seis meses de Gobierno de Transición, se han registrado en el país 1.301 casos de abusos. Estos han provocado 2.473 víctimas, de las cuales 1.000 son hombres, 261 mujeres y 158 son niños.
"Los criminales deben ser juzgados sin importar a qué grupos pertenezcan. Hay que detener a los culpables para que se haga justicia", ha indicado el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Raad Al Hussein, durante la presentación del documento 'Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en República Centroafricana desde junio de 2015 a marzo de 2016'.
El informe describe las violaciones y los abusos cometidos en el país, como la destrucción de la propiedad y las restricciones de la libertad de movimiento, y confirma que los criminales pertenecen a grupos armados como los antibalaka, el Ejército de Resistencia del Señor (LRA) y el Centro Democrático del Pueblo Centroafricano (FDPC), entre otros.
La MINUSCA ha informado de que mientras realizaba el informe, el LRA incrementó sus actividades criminales en el sureste del país. Las fuerzas de seguridad y el Ejército de República Centroafricana también se han visto involucrados en las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones ilegales y el maltrato de los arrestados bajo custodia, según la organización.
Por otra parte, la ONU ha destacado la necesidad de garantizar la seguridad de los civiles, que se encuentran desprotegidos debido a la falta de presencia institucional, especialmente en Bangui, la capital del país.
La falta de justicia ha tenido un impacto negativo en la lucha contra la impunidad, según la ONU, que ha alertado del aumento de la violencia a manos de grupos armados principalmente en el este de RCA y ha instado a las autoridades y a la comunidad internacional a tomar medidas para acabar con al situación.
A pesar de la celebración de elecciones democráticas en el país, la MINUSCA ha denunciado un alarmante aumento del número de violaciones de los Derechos Humanos, que han provocado la muerte de un centenar de personas y han provocado el desplazamiento de la población.
Este tipo de incidentes han afectado significativamente a las localidades de Kaga Bandoro y Bria, donde los grupos armados han ocupado escuelas, han establecido controles fronterizos ilegales y han privado a un gran número de civiles de su libertad, según el informe.