El veredicto llegó más de siete años después de un suceso que disparó el sentimiento antiestadounidense en Irak y que puso en cuestión la amplia red de empresas privadas que suministraban servicios de seguridad a representantes extranjeros. Cuando se produjo el tiroteo, los guardias de Blackwater trataban de despejar el paso a un convoy del Departamento de Estado.
"Aplaudimos el hecho de que estos juicios fueran llevados a cabo, poniendo fin a un ciclo de impunidad que ha prevalecido desde 2007 y que agravó el sufrimiento de las víctimas y sus familias", ha dicho la experta de la ONU Patricia Arias, que encabeza el grupo de investigación sobre el uso de mercenarios.
"Sin embargo, estos ejemplos son una excepción y no una norma. La dificultad de este caso muestra la necesidad de un tratado internacional para hacer frente al creciente papel de las compañías militares privadas en los conflictos transnacionales", ha valorado.
Así, Arias ha sostenido que "la subcontratación de la seguridad a estas compañías por parte de los estados genera riesgos para los Derechos Humanos, motivo por el que es necesario regular sus actividades".
"No puede haber justicia sin una rendición de cuentas efectiva y un mecanismo de compensación a las víctimas. Los estados tienen la responsabilidad de garantizar que las víctimas y sus familias tienen un acceso igualitario, adecuado y efectivo a la justicia", ha remachado Arias.
El grupo de trabajo de la ONU sobre el uso de mercenarios está integrado por Arias, chilena; Anton Katz, sudafricano; Gabor Rona, húngaro-estadounidense; Elzbieta Karska, polaca; y Said Mokbil, yemení.