La Roy señaló, durante una conferencia de prensa en Naciones Unidas, que los mandatos de la misión conjunta de la ONU y la Unión Africana en Darfur (UNAMID) y el de la misión de la ONU en el sur del país (UNMIS) no contemplan ejecutar órdenes de arresto promulgadas por los tribunales internacionales.
"No, no tomaremos ese tipo de acción", afirmó el subsecretario general de la ONU, que también recordó que las misiones de paz deben limitar sus actuaciones al mandato que les otorga el Consejo de Seguridad, y que en estos casos no se contempla la colaboración en la ejecución de las órdenes del CPI.
El tribunal internacional, con sede en La Haya, debe pronunciarse el próximo miércoles sobre una petición de arresto contra Bachir anunciada el 14 de julio pasado por el fiscal jefe del tribunal, Luis Moreno Ocampo, por su supuesta responsabilidad en los crímenes de guerra cometidos durante el conflicto de Darfur, en el oeste de Sudán.
La posibilidad de que se promulgue una orden de arresto contra el mandatario ha generado consternación en el Gobierno de Jartum, que ha asegurado que la desoirá.
Fuentes oficiales en Sudán advirtieron el pasado domingo que el Gobierno adoptará medidas, que pueden llegar hasta la expulsión del país, contra el enviado de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Sudán, Achraf Qadi, después de que este último reconociese que suministró a la CPI documentación e informaciones sobre Sudán.
Le Roy reiteró que el Gobierno sudanés ha dado garantías sobre la seguridad de UNAMID y UNMIS, que supervisa la implementación del acuerdo de paz que puso fin a tres décadas de guerra entre Jartum y los rebeldes cristianos animistas del sur del país.
"Por supuesto, como es natural, tenemos planes de contingencia para reaccionar a cualquier situación", señaló.
Sin embargo, aseguró que esos planes no contemplan "una disminución, ni un traslado" de los 25.000 efectivos que conforman las dos misiones de paz en territorio sudanés.
Desde que el fiscal del CPI dio a conocer el proceso contra Bachir, las autoridades sudanesas han reafirmado, por un lado, su compromiso de colaborar con la ONU, pero, por otro, algunos de sus miembros han dicho que la relación con el organismo cambiará si el tribunal internacional ordena la detención de Bachir.
El conflicto de Darfur se inició cuando grupos insurgentes se levantaron en armas en febrero de 2003 contra el régimen de Jartum en protesta por la pobreza y la marginación que sufrían los habitantes de esta región.
Desde el inicio del conflicto cerca de 300.000 personas han muerto y otros dos millones y medio se han visto obligadas a abandonar sus hogares, según cálculos de la ONU.