En declaraciones a la prensa en Ginebra, la portavoz de esta agencia, Elizabeth Throsell, ha señalado que si bien el acuerdo de paz tiene posibilidades para mejorar la situación de Derechos Humanos en el país, los días iniciales de su aplicación son fundamentales para evitar que los combatientes no abandonen el proceso y que esto genere un aumento de la violencia.
"Es preocupante que tras dos semanas de la aplicación del acuerdo ninguna de las zonas están preparadas adecuadamente para recibirlos y carecen de agua potable, alimentos, servicios de salud y electricidad", ha añadido.
Asimismo, Thorsell ha expresado también preocupación por la "ausencia de medidas de seguridad en las zonas tradicionales bajo el control de los rebeldes que han sido abandonadas" y ha subrayado que el vacío de poder podría ser aprovechado por "grupos criminales" para hacerse con el control de los cultivos de coca o de la minería ilegal.
Como recomendación, ha planteado que el Gobierno de Juan Manuel Santos designe a un responsable para gestionar con autoridad estos problemas prácticos para evitar que éstos puedan perjudicar la aplicación adecuada del acuerdo de paz.