En la introducción del documento, el organismo internacional ha destacado que el acuerdo "representa una oportunidad única para hacer frente al sufrimiento del pueblo libio y para construir un estado civil democrático a través de un consenso nacional".
"La aplicación de este acuerdo de buena fe otorgará las herramientas necesarias para hacer frente a los desafíos en materia antiterrorista, reformar y construir las instituciones estatales, estimular el crecimiento económico, combatir el fenómeno de la inmigración ilegal y consolidar el Estado de Derecho y los Derechos Humanos en el país", ha agregado.
"El pueblo libio siempre tendrá una deuda con sus revolucionarios por el papel que jugaron en la liberación tras décadas de mandato autocrático. Ha llegado el momento de pasar a una nueva etapa de la transición. Es el momento de poner fin a los combates que han paralizado la transición democrática y que amenazan la unidad nacional", ha destacado la ONU.
El texto, que contiene un total de 29 principios de gobierno distribuidos en varias categorías, destaca la necesidad de un compromiso con la protección de la integridad territorial y nacional del país, así como su soberanía, independencia y control total de las fronteras.
Asimismo, contempla la separación de poderes, el respeto a los principios de la Revolución del 17 de Febrero --que se saldó con el derrocamiento en octubre de 2011 de Muamar Gadafi--, y la igualdad entre todos los ciudadanos a nivel de derechos políticos y oportunidades.
El acuerdo refleja además que la Cámara de Representantes es la única autoridad legislativa del país durante el periodo de transición y muestra el compromiso entre todas las partes a respetar las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.
El texto recoge además el compromiso de crear un Gobierno de unidad, el monopolio del uso legítimo de la fuerza por parte del Estado, el rechazo y la criminalización de todas las formas de violencia, y la condena y lucha contra el terrorismo en todas sus formas.
En otro orden de cosas, contempla la disolución de las brigadas y reintegración de sus integrantes en las fuerzas de seguridad o la vida civil y la retirada de todos estos grupos armados de las zonas residenciales del país.
Por otra parte, asegura que se juzgará y castigará a los responsable de torturas y abusos contra los detenidos y que se establecerá una comisión para investigar a los responsables de cualquier irregularidad durante el conflicto.
El acuerdo recoge además el compromiso de las partes para hacer frente al tráfico de personas y para colaborar con la comunidad internacional y los países vecinos a tal fin.
EL GOBIERNO DE UNIDAD
Concretamente, el acuerdo afirma que los integrantes del Gobierno de unidad --compuesto por un consejo de ministros encabezado por el primer ministro y con dos viceministros-- deberán ser elegidos en base a su competencia.
Para poder presentar una moción de censura contra este Gobierno será necesaria la aprobación de dos tercios de la Cámara de Representantes, si bien el cese no será válido a menos que dos tercios del Consejo de Estado aprueben la decisión en un plazo de 15 días.
Los integrantes del Gobierno deberán ser ciudadanos libios, ser mayores de 30 años en el caso del primer ministro y de 25 en caso del resto de ministros, no tener doble nacionalidad, no estar casados con una persona de otra nacionalidad, y presentar una declaración de bienes.
El Gobierno deberá además ser representativo de la "dimensión geográfica y los componentes culturales" y mantener una "representación justa de mujeres y jóvenes".
El primer ministro tendrá un plazo de un mes para presentar una lista de sus ministros para su aprobación en la Cámara de Representantes en un plazo de diez días desde la presentación de sus candidatos.
En otro orden de cosas, establece que las partes deben respetar la independencia e imparcialidad de la Asamblea Constitucional, al tiempo que pide al organismo que acelere los procedimientos para el anuncio de una 'hoja de ruta' con el 24 de diciembre de 2015 como fecha límite.
ACUERDOS DE SEGURIDAD
Por otra parte, contempla que el Ejército es la única fuerza militar regular encargada de la defensa del país y exige que los acuerdos de seguridad estén destinados a poner fin al conflicto, hacer frente a la amenaza terrorista y garantizar la seguridad.
Así, indica que han de girar en torno a acuerdos de alto el fuego, acuerdos para la retirada de los grupos armados de las ciudades, zonas residenciales e infraestructuras críticas, así como la supervisión de los acuerdos de desarme.
En este sentido, recalca que el alto el fuego debe empezar a ser aplicado en cuanto que se firme el acuerdo definitivo y reclama a las partes que pongan fin a los combates y al desplazamiento de tropas y suministros a partir de esa fecha.
"Los acuerdos interinos de seguridad de este texto no deben restringir los esfuerzos del Gobierno de unidad para combatir a las organizaciones terroristas clasificadas en las resoluciones del Consejo de Seguridad, incluidos el Estado Islámico, Ansar al Sharia y Al Qaeda", remacha.