En su comunicado, ha recordado que es necesario que los estados respeten, promuevan y cumplan sus obligaciones con los Derechos Humanos y que apliquen las recomendaciones emitidas por los mecanismos internacionales establecidos para esas garantías.
"Aquellos países que afirman estar a la vanguardia en la defensa de esos derechos deben dar un buen ejemplo, aunque no están de acuerdo con las conclusiones de los expertos de la ONU", ha recalcado.
En este sentido, ha valorado que "una aplicación 'a la carta' de los preceptos de los Derechos Humanos erosiona la credibilidad del sistema", reclamando a los estados que no sean selectivos en la aplicación de los mismos.
Por último, Zayas ha resaltado que los denunciantes son defensores clave de los Derechos Humanos en el siglo XXI, recordando que "la cultura del secreto, las ofertas a puerta cerrada, la desinformación, la vigilancia a los individuos y la autocensura conducen a graves violaciones de los Derechos Humanos".
El Grupo de Expertos de la ONU sobre Detención Arbitraria dictaminó a principios de febrero que Assange, "fue arbitrariamente detenido por los gobiernos de Suecia y Reino Unido" y por tanto su detención debería terminar y se le debería conceder "el derecho de compensación".
En su decisión, solicitaron a Suecia y Reino Unido que evalúen la situación de Assange "para garantizar su seguridad e integridad física, facilitar el ejercicio de su derecho a la libertad de movimientos y garantizar que goza plenamente de sus derechos garantizados por las normas internacionales sobre detención".
El texto repasa el caso del fundador de Wikileaks recordando que estuvo diez días en aislamiento en diciembre de 2010 en una prisión británica a petición del fiscal sueco, tras lo cual fue puesto bajo arresto domiciliario durante 550 días antes de solicitar asilo a Ecuador y refugiarse en su Embajada en Londres en junio de 2012.
En este tiempo, según los expertos, Assange "ha sido sometido a distintas formas de privación de libertad: la detención inicial en la prisión de Wandsworth seguida por el arresto domiciliario y su confinamiento en la Embajada ecuatoriana".
EL CASO ASSANGE
Assange lleva recluido en la Embajada ecuatoriana en Londres desde el 19 de junio de 2012, cuando solicitó asilo político al país sudamericano. Aunque éste se lo concedió, Reino Unido se negó a darle un salvoconducto, insistiendo en que tiene la "obligación legal" de extraditarle a Suecia.
El fundador de Wikileaks fue objeto en 2010 de cuatro denuncias por violencia sexual en Suecia, de las cuales ya han prescrito tres, aunque aún sigue vigente el cargo más grave, el de violación, que no decaerá hasta 2020.
Assange solicitó asilo político argumentando que se encuentra en un "estado de indefensión" ante la posibilidad de que, una vez en Suecia, sea extraditado a Estados Unidos, donde supuestamente se está celebrando un juicio secreto, sin que Australia --su país de origen-- lo impida.
El fundador de Wikileaks asegura que es víctima de una "persecución política" por parte de Estados Unidos por revelar cientos de miles de documentos clasificados del Departamento de Estado sobre las guerras en Irak y Afganistán y sobre las relaciones diplomáticas con otros países.