Peña Nieto ha sostenido que el grito "todos somos Ayotzinapa", que se ha hecho popular en las muchas manifestaciones que se han celebrado en México por la desaparición de los 43 'normalistas' (estudiantes de magisterio) es un llamamiento a transformar el país.
La principal medida de este decálogo es la elaboración de una ley integral contra el crimen organizado, centrada en evitar su infiltración en la política municipal y que reforzará, por tanto, la autoridad estatal y federal.
A este respecto, ha avanzado que la norma jurídica permitirá que, cuando haya indicios de connivencia entre los criminales y las autoridades municipales, el Gobierno federal podrá disolver el Ayuntamiento y asumir temporalmente las competencias locales.
Otro de los ejes de este plan nacional es la supresión de las policías municipales, en las que la infiltración del crimen organizado es más fácil por la práctica ausencia de controles, que pasarán a integrarse en una única policía estatal.
"Pasaremos de 1.800 policías municipales débiles a 32 sólidas corporaciones de seguridad estatal que sean más confiables, profesionales y eficaces. Estarán homologadas en sus niveles de profesionalización y equipamiento", ha dicho.
Reforma de la Justicia
El jefe de Estado ha avanzado que se redefinirán las competencias en materia penal para que ninguno de los niveles de Gobierno tenga "excusas" para no investigar una denuncia, según ha informado la prensa mexicana.
Ello se complementará --ha anunciado-- con la creación de un teléfono único de emergencias (911) que operará en todo el territorio nacional y con "una amplia agenda de reformas para mejorar la Justicia ordinaria".
Peña Nieto también ha anunciado leyes generales de tortura y desaparición forzada para establecer protocolos y procedimientos exhaustivos contra estas prácticas y, en un paso más, crear un sistema nacional de búsqueda de personas desaparecidas.
Asimismo, ha prometido reforzar los principios de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, para cual creará un portal de información sobre contratistas y proveedores de las administraciones públicas federales.
Operativos especiales
Además, Peña Nieto ha anunciado que, como medida de urgencia, pondrá en marcha un operativo de seguridad en la región de Tierras Calientes, que abarca los estados de Guerrero y Michoacán, y otro en Jalisco y Tamaulipas.
Peña Nieto ya adelantó al inicio de esta semana que haría "un anuncio importante" para evitar que hechos como los de Iguala vuelvan a repetirse. El Gobierno ha estado sometido a mucha presión por la desaparición de los 43 'normalistas' en Iguala.
Caso Iguala
Los 'normalistas' llegaron a Iguala el 26 de septiembre para recaudar fondos para viajar a la capital mexicana el 2 de octubre con el fin de participar en la conmemoración de otra matanza, la de Tlatelolco.
Ese día la esposa del alcalde tenía previsto presentar un informe de su labor al frente del Sistema de Desarrollo Integral para la Familia municipal y, ante el temor de que los estudiantes reventaran el acto, como ya había ocurrido en el pasado, el alcalde ordenó a la Policía actuar contra los 'normalistas'.
Policías de Iguala, apoyados por agentes de Cocula, interceptaron a los jóvenes a la entrada del municipio y abrieron fuego, matando a uno de ellos y dando lugar a un enfrentamiento que se saldó con seis muertos y 25 heridos.
Una vez controlada la situación, detuvieron a los 'normalistas' que no consiguieron huir, les condujeron en varios furgones policiales a los límites entre Iguala y Cocula y se los entregaron a Guerreros Unidos.
A partir de ese momento se pierde el rastro de los 43 'normalistas'. Queda ahora el análisis de las cenizas, ya que el de los cadáveres de la veintena de fosas comunes halladas en Iguala y municipios cercanos ha revelado que no son los jóvenes.