La denuncia la hicieron la World Organization for Human Rights USA y el Center for Constitutional Rights en una audiencia con motivo del 134 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Los peticionarios se refirieron a los abusos que cometieron funcionarios y personal militar del anterior Gobierno de EE.UU. a detenidos en su guerra contra el terror tras el 11 de septiembre de 2001 (11-S).
Colleen Costello, de Human Rights USA, relató cómo funcionarios estadounidenses practicaron la asfixia simulada a detenidos, les obligaron a mantenerse de pie durante horas o a permanecer desnudos durante un tiempo prolongado, les privaron de sueño y les negaron también alimentos sólidos, entre otras técnicas "crueles".
En este contexto, citaron el reciente informe de la Cruz Roja, en el que se denuncia que las autoridades estadounidenses torturaron a prisioneros confinados en centros de detención, algunos de los cuales estaban en el extranjero y eran controlados por la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla en inglés).
Según el informe "The Black Sites" (Lugares oscuros), esos sitios fueron creados por orden del ex presidente George W. Bush menos de una semana después de los ataques terroristas del 11-S.
Los peticionarios señalaron que estos abusos no fueron denunciados únicamente por la Cruz Roja, sino que también otras muchas organizaciones documentaron "esas prácticas ilegales extendidas y sistemáticas".
Pese a las múltiples denuncias a nivel nacional e internacional, "Estados Unidos todavía tiene que exigir responsabilidades (jurídicas) a esos altos funcionarios" que practicaron o autorizaron esas torturas, dijo Costello.
Las organizaciones defensoras de derechos humanos y constitucionales lamentaron que el actual Gobierno estadounidense haya dicho que no procesará a los responsables de los abusos practicados durante el anterior Gobierno.
"Eso es inaceptable", dijo Costello, quien recordó que bajo las leyes internacionales y las obligaciones asumidas como miembro de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la CIDH, EE.UU. "tiene el deber de investigar de manera eficaz esos hechos, procesar a los responsables y castigarlos".
Por otro lado, insistió, también tiene la obligación de proteger los derechos de las víctimas y garantizarles el acceso a los tribunales federales, algo que les fue negado bajo el anterior Gobierno, que creó las comisiones militares para los sospechosos de terrorismo detenidos en Guantánamo.
El pasado 9 de febrero el presidente de EE.UU., Barack Obama, quien ha asegurado que su Gobierno no hará uso de estas prácticas, dijo que su administración investigará casos "claros" de delitos cometidos por torturas infringidas a detenidos.
Pese a ello, señaló que está más interesado "en mirar para adelante que para atrás".
Una alta funcionaria del Pentágono reconoció que un detenido de Guantánamo fue sometido a tortura, algo que está prohibido por el derecho estadounidense e internacional.
Además, la CIA admitió haber realizado asfixias simuladas a tres detenidos, y también reconoció haber destruido 92 cintas de vídeo de interrogatorios a presuntos terroristas.