"Emplazo a Gambia a detener inmediatamente esta regresión en la protección de los Derechos Humanos e imponer una moratoria oficial, con efectos inmediatos en la aplicación de la pena de muerte", ha dicho Pillay.
"La declaración del presidente gambiano, Yahya Jamé, en el sentido de que todas las condenas de muerte se ejecutarán antes de mediados de septiembre es extremadamente preocupante y provoca graves dudas sobre el motivo de estas prisas en las ejecuciones", ha explicado.
Hasta este año, Gambia había permanecido a la vanguardia de los países africanos que habían abolido la pena de muerte tanto en la legislación como en la práctica, con una moratoria aplicada durante 27 años y la abolición de la pena capital para los delitos de drogas en abril de 2011.
Antes de las nueve ejecuciones materializadas el 26 de agosto, la última ejecución de un condenado a muerte databa del año 1985, según datos de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.