El presidente del consejo, Abdel Rahman Mahmud, ha subrayado que la decisión ha sido tomada en favor del interés nacional, si bien ha recordado que la población lleva dos años viviendo en campamentos de refugiados.
La semana pasada, el primer ministro de Libia, Alí Zeidan, solicitó a la población de Tawergha que retirara su plan de retorno en masa, previsto para este martes, y recalcó que el Gobierno trabaja para encontrar una solución a su situación.
"La población de Tawergha no debería volver en estos momentos a la ciudad", manifestó Zeidan, si bien matizó que "todo el mundo tiene derecho a vivir en cualquier parte de Libia".
Sin embargo, el primer ministro destacó que la decisión de retorno a la localidad tomada por sus residentes es "una herida abierta y profunda que tiene que curarse", por lo que abogó porque la población "no fuerce la situación".
Los jeques y líderes tribales de la comunidad 'tawergha' solicitaron en mayo a las autoridades que apoyen oficialmente su retorno, así como una escolta de organizaciones nacionales e internacionales "para salvaguardar vidas, evitar el derramamiento de sangre y garantizar la paz social".
Los ciudadanos de Tawergha, de mayoría negra, fueron acusados por los rebeldes de haberse posicionado del lado de Gadafi durante el conflicto, aunque éstos lo niegan y argumentan que la localidad fue ocupada por las fuerzas gubernamentales para lanzar ataques armados contra la oposición.
Entre las organizaciones a las que pidieron ayuda están la Cruz Roja, la Media Luna Roja, la Sociedad Libia por los Derechos Humanos y el Observatorio Libio por los Derechos Humanos. Asimismo, solicitaron que se les entreguen tiendas de campaña, muebles y sábanas, así como hospitales de campaña y medicinas para el camino de regreso.
Por último, hicieron un llamamiento a Naciones Unidas, la Unión Europea, la Unión Africana y la Liga Árabe para que garanticen el regreso pacífico de la población civil a sus localidades de origen.
CIUDAD FANTASMA
En la actualidad, todos los residentes han huido a causa de los continuos ataques de los rebeldes, dejando atrás una ciudad fantasma.
Durante el conflicto armado y tras el mismo surgieron múltiples informes de represalias contra ciudadanos negros, a los que los rebeldes acusan de haber participado en los combates como mercenarios o de haberse posicionado del lado gubernamental.
En marzo, la organización Human Rights Watch (HRW) instó al Gobierno libio a que tome "medidas urgentes" para que cesen los abusos contra los ciudadanos de la localidad de Tawergha.
"Los desplazamientos forzosos de alrededor de 40.000 personas, las detenciones arbitrarias, las torturas y los asesinatos se han generalizado, son sistemáticos y suficientemente organizados para ser crímenes contra la Humanidad, por lo que deben ser condenados por el Consejo de Seguridad", según el comunicado difundido por la ONG.
De acuerdo con la organización, los comandantes de las milicias y altos cargos en Misrata "podrían ser juzgados penalmente" por tribunales nacionales e internacionales, incluido el Tribunal Penal Internacional (TPI) por haber ordenado "estas atrocidades, por no haberlas evitado o por no haber castigado a los responsables".
En el último informe remitido al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en noviembre de 2012, la fiscal jefe del TPI, Fatou Bensouda, subrayó que todavía se estaba recabando información por las denuncias de "asesinatos, saqueos, destrucciones de la propiedad y desplazamientos forzosos" de miles de ciudadanos de Tawergha a manos de milicianos de Misrata.