Un grupo de jóvenes de la Escuela de Ciencias Políticas de la mayor ciudad del país pidió permiso para celebrar una marcha desde el municipio de Tarmwe hasta el parque Mahabandoola. Sin embargo, las autoridades sólo dieron permiso para celebrar una reunión en una zona de Tarmwe.
"Tomaremos acciones legales contra ellos porque se negaron a celebrar la marcha por donde le dijimos que lo hicieran. Eligieron su propio camino, a pesar de que eran conscientes de que no estaban autorizados para ello", ha afirmado el oficial de la Policía Than Oo.
Desoyendo las indicaciones de las autoridades y aferrándose a su plan inicial, en torno a 70 personas marcharon por la ciudad con pancartas que rezaban lemas para aceptar la diversidad y promover la tolerancia entre la sociedad birmana. "Todos somos humanos", se podía leer en alguna, tal y como recuerda el diario 'The Myanmar Times'.
Esta misma semana, la Consejera de Estado de Birmania, Aung San Suu Kyi, ha tenido que enfrentarse a las críticas de los grupos de activistas y de defensa de Derechos Humanos, que advierten de que su partido, la Liga Nacional para la Democracia (LND), planea mantener algunas de las restricciones a la libertad de expresión impuestas con anterioridad por la junta militar del país.
Desde que llegó al poder en abril, la LND ha alcanzado un número récord en la puesta en libertad de detenidos y ha contribuido a la revisión de las medidas más represivas impuestas durante los años de gobierno militar.
Sin embargo, la nueva versión de la ley sobre la libertad de reunión y manifestación ha hecho saltar las alarmas desde que el proyecto de ley llegó a manos del Parlamento la semana pasada.
El borrador del proyecto establece que se castigará a los manifestantes que propaguen informaciones falsas y convierte las reivindicaciones no registradas previamente como delitos.
Además, impone sanciones legales a aquellos que "molesten" a terceros e impide a los habitantes sin nacionalidad birmana manifestarse, lo que afecta principalmente a la minoría musulmana rohingya, que sufre un régimen de Apartheid en el país.
La LND ha defendido que la nueva ley busca proteger a los manifestantes pacíficos en vez de penalizarlos, un cambio sustancial en una era de legislación militar.
La preocupación por la ley de Asociación Pacífica ha aparecido después de que el Gobierno instara al embajador de Estados Unidos en el país a dejar de utilizar el término 'rohingya', lo que se suma a la negativa de Suu Kyi de hablar en nombre de la comunidad musulmana, que se enfrenta a una continua represión en el país.
Si bien el proyecto propone reducir las condenas de prisión relacionadas con este tipo de delitos, los que los cometan pueden llegar a enfrentarse a penas de hasta un año de cárcel.