La presidencia italiana de la Unión Europea espera encontrar en el Ecofin que se celebra el viernes una "solución" a la aportación adicional de 2.100 millones de euros que Reino Unido debe realizar al presupuesto comunitario antes del 1 de diciembre por la revisión al alza de sus cifras del PIB. El primer ministro británico, David Cameron, ha dicho que no tiene intención de pagar.
"Espero que se pueda encontrar una solución. Hay determinación y voluntad de intentar reconciliar las diferentes cuestiones", ha dicho este lunes un alto funcionario europeo. Los expertos jurídicos están trabajando para lograr un compromiso y la presidencia italiana confía en evitar "escenarios dramáticos" y lograr un "resultado positivo".
Sin embargo, de momento no hay ninguna pista sobre cuál podría ser la solución, ya que la legislación vigente no prevé la posibilidad de un aplazamiento o un pago fraccionado.
El portavoz de la nueva Comisión, Margaritis Schinas, ha reiterado este lunes que Londres debe pagar antes del 1 de diciembre y que, de lo contrario, se le aplicarán multas. "Si el pago no se efectúa el 1 de diciembre, empezarán a acumularse intereses", ha explicado el portavoz en rueda de prensa. La vicepresidenta responsable de Presupuestos, Kristalina Giorgieva, representará al Ejecutivo comunitario durante los debates del Ecofin.
La contribución extra que Bruselas pide a Londres se debe a la revisión al alza de su PIB por los cambios metodológicos que acaban de introducirse para tener en cuenta el impacto del I+D y de actividades ilegales como la prostitución y las drogas.
También tendrán que realizar una aportación extra considerable Países Bajos (642 millones) o Italia (340 millones). En contraste, a Francia se le devuelven 1.100 millones, a Alemania 780 millones y a España 170 millones.
En el último Consejo Europeo del 23 y 24 de octubre, Cameron tachó de "totalmente inaceptable" esta fractura, anunció que no la pagaría el 1 de diciembre y exigió que esta cuestión se abordara con carácter urgente en el Ecofin.
SIN ACUERDO SOBRE LA TASA TOBIN
Además del problema de Londres, los ministros de Economía de los 28 tienen previsto discutir sobre la tasa a las transacciones financieras internacionales, aunque las posiciones siguen estando muy alejadas. España participa en esta iniciativa junto con otros 10 países -Austria, Bélgica, Estonia, Francia, Alemania, Grecia, Italia, Portugal, Eslovaquia y Eslovenia- y el objetivo era lograr un acuerdo antes de final de año para ponerla en marcha en 2016.
Los países participantes alcanzaron un principio de acuerdo según el cual en un primer momento la tasa se aplicaría sólo a las acciones y a algunos derivados, con el objetivo de poder evaluar su impacto. Sin embargo, sigue sin haber acuerdo sobre los tipos de derivados que deberían ser gravados en esta primera fase del acuerdo.
Tampoco hay unanimidad sobre el pricipio de tributación en el diseño de la tasa. Según el ministro de Economía, Luis de Guindos, la mayoría de países apoya aplicar el principio de emisión, según el cual la tasa se aplicará en el lugar donde esté basado el emisor para evitar deslocalizaciones. Pero todavía no se ha descartado el principio de residencia.
Según la propuesta de la Comisión, la tasa gravará con un tipo mínimo del 0,1% las transacciones en cualquier tipo de instrumento financiero excepto los derivados, que estarán sujetos a un tipo del 0,01%. El objetivo de esta iniciativa es lograr que el sector financiero realice la contribución que le corresponde a los ingresos fiscales y desalentar las operaciones puramente especulativas.
CLÁUSULA FISCAL ANTI-ABUSO CONTRA LAS MULTINACIONALES
El Ecofin del viernes tratará además de cerrar un acuerdo para introducir en la directiva comunitaria sobre empresas matrices y filiales una cláusula anti-abuso jurídicamente vinculante cuyo objetivo es impedir la elusión fiscal y la planificación fiscal agresiva por parte de multinacionales como Amazon, Starbucks o Apple.
Esta cláusula exigirá a los Gobiernos que eviten conceder los beneficios de la directiva a acuerdos fiscales que se han puesto en marcha únicamente para obtener un beneficio fiscal y o por razones comercialmente válidas que reflejen la realidad económica.