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Las cumbres europeas son una trituradora de ambiciones políticas. Los dirigentes europeos, tanto en los gobiernos nacionales como en las instituciones comunitarias, se llenan la boca de europeísmo, de profundización de la integración europea, del futuro de Europa. A la hora de la verdad, calculadora en mano, liman poco a poco el presupuesto europeo para dejarlo rozando el 1% del PIB de la UE. Dicen que Europa es un gigante económico pero un enano político. Ella misma se gana a veces el cliché.
La cumbre que arranca este jueves en Bruselas y que puede alargarse dos o tres días, debe intentar cuadrar un círculo. A la pérdida de unos 10.000 millones de euros anuales por la salida británica, añade un recorte extra que lleva a los presupuestos del 1,16% del PIB europeo al 1,074%. En euros constantes (teniendo en cuenta la inflación) se pasaría de 1,082 billones de euros a 1,095 billones. Las partidas que más pierden son las dos más grandes. Agricultura se reduce un 14% y Cohesión un 12%. Juntas superan el 60% de los presupuestos europeos.
El resto va a Investigación, Digital, Defensa, Clima, Migraciones, Erasmus, Política Exteriores, Cooperación y Ayuda Humanitaria o a financiar el funcionamiento de las instituciones del bloque. Menos dinero, programas que piden más gasto (como la lucha contra la crisis climática o la incipiente Defensa europea) y todos con un “que no se toque lo mío”.
El recorte es inaceptable para los países receptores netos y no gusta mucho tampoco en Francia. Una reducción insuficiente para los cuatro (Austria, Dinamarca, Suecia y Holanda) que quieren más recorte para reducir su aportación. Tras ellos se esconde Alemania.
España rechaza de plano la propuesta de presupuestos (Marco Financiero Plurianual o MFP) presentada la semana pasada por el presidente del Consejo Europeo Chales Michel. La ministra de Exteriores Arancha González Laya dijo el lunes que el Gobierno español no aceptará las cuentas en su estado actual.
González Laya ve dos problemas en la propuesta. Considera que es “insuficientes en su ambición porque si queremos ser más geopolíticos tenemos que reflejarlo en el presupuesto”. Y cree que “es injusta en su reparto porque no acaba de resolver los problemas de divergencia en la UE y no reconoce el papel de la agricultura como elemento de cohesión y transición ecológica”. La Política Agrícola Común (PAC) se lleva un hachazo: de 382.500 millones de euros del período 2014-2020 a 329.300 millones para 2021-2027.
Madrid se mueve. Anoche anunció un pacto con París y Lisboa, algo que ya ocurrió hace 14 y hace siete años. Las tres capitales tienen “un pacto de colaboración” para defender juntas sus intereses.
Michel propone que sigan los ‘cheques’, la forma en que algunos contribuyentes netos recuperan una parte de su aportación. También acepta que algunos fondos estén condicionados al respeto al Estado de derecho, pero complica tanto bloquearlos por este asunto que su propuesta, que Berlín ve con malos ojos, se entiende como una concesión a países como Hungría o Polonia.
La batalla se dilucidará en varios escenarios y mediante escaramuzas cruzadas. Los que quieren más recorte chocarán con los del este y el sur, que pretenden que se mantengan las partidas tradicionales (Agricultura pero sobre todo Cohesión) y un pequeño grupo que no se alinea claramente con nadie, que aceptaría el montante que propone Michel pero que querría cambios para dar más importancia a nuevas prioridades como Defensa, Inmigración o Clima. Ahí estarán Irlanda (que a la vez quiere proteger Agricultura), Francia, Bélgica o Luxemburgo.
Dice uno de los más corresponsales más veteranos de la sala de prensa del Justius Lipsius que entre los dirigentes europeos, más que políticos, hay contables. Sin sueños. Berlín es un ejemplo. Sin levantar la voz y escondida detrás del holandés Mark Rutte, Angela Merkel, en plena crisis política, no quiere mover mucho las cuentas: que nadie aumente su contribución, que nadie le repita que gaste su excedente presupuestario aunque genere desequilibrios en la Eurozona, que nadie toque los intereses de su industria, lejos de ponerse al día en la transición ecológica.
El francés Emmanuel Macron lo explica con crueldad: “Una Europa con un presupuesto en el entorno del 1% del PIB no tiene verdadera política”. Como un mercado callejero en el que se practica el regateo y las subastas a gritos, 27 dirigentes rodeados de asesores y calculadoras llegarán a un acuerdo. Tal vez no en esta cumbre, tal vez en junio o en septiembre. La UE tendrá su presupuesto. Será, como siempre, pequeño.
De Bruselas saldrán casi todos defendiendo el resultado para sus públicos nacionales mientras desde las capitales las diferentes oposiciones acusarán a sus gobiernos de no haber defendido los intereses nacionales. Cada siete años el mismo escenario. Los eurófobos no necesitan efemérides, pero cada siete años los europeístas dejan de serlo y apenas la Comisión defiende el interés común.
Los principales grupos del Parlamento Europeo exigen unos presupuestos comunitarios superiores al 1,3% del PIB, un porcentaje al que los gobiernos nacionales no tienen intención alguna de llegar. Populares, socialistas, liberales y verdes tienen una posición común en este asunto y amenazan con vetar los presupuestos si las capitales no hacen un esfuerzo para que las cuentas se acerquen a lo que pide la Eurocámara. Hace siete años amenazaron con el veto. No obtuvieron lo que pedían. Y tragaron. Está por ver que esta vez se atrevan a desafiar a sus gobiernos y provoquen una crisis institucional.
Las empresas europeas pagan hoy 25 euros por tonelada de CO2 que emiten. Ese dinero va a los gobiernos nacionales. Michel propone que, dado que el precio de la tonelada de CO2 va a aumentar, ese aumento vaya al presupuesto europeo. Bruselas calcula que le aportaría entre 8.000 y 9.000 millones de euros al año, un aumento de su presupuesto de poco más del 4%.
También se estudiaría aumentar los fondos del Banco Europeo de Inversiones. Que 10.000 millones de euros en efectivo acompañados de 90.000 millones de euros en garantías produzcan 500.000 millones de euros en inversiones. Parece el cuento de la lechera pero con el ‘Plan Juncker’ funcionó para animar las inversiones, una de las partidas más afectadas tras los recortes de 2011.
Michel propone otras ideas, como un impuesto al plástico (0,80 euros por kilo) que generarían más ingresos para los fondos europeos. Berlín no es amigo de que la UE tenga ingresos propios si afectan a los nacionales, pero las propuestas de Michel no lo hacen. Bruselas estima que sumando estas ideas se podrían reducir las aportaciones nacionales del 1,074% al 1,060%.
Michel, mientras da los últimos toques a la sede del Consejo Europeo y guarda 11.000 millones de euros sin adjudicar a partida alguna para cerrar los últimos agujeros, ve desde la ventana como al otro lado de la Rue de la Loi, en el Berlaymont, sede central de la Comisión Europea, un gran cartel pregona: “Por una Unión más ambiciosa”.