Un juez federal había determinado que se violaron los derechos de los acusados al utilizar declaraciones realizadas por los cuatro sospechosos --Paul Slough, Evan Liberty, Dustin Heard y Donald Ball-- poco después del tiroteo. Sin embargo, una corte de apelaciones resolvió posteriormente lo contrario y defendió la buena praxis de las autoridades.
El abogado de los cuatro guardias, Bruce Bishop, alegó ante el Supremo que el Gobierno de Estados Unidos les había forzado a realizar declaraciones incriminatorias que posteriormente fueron utilizadas en su contra, lo que supondría una violación del derecho de autoinculpación. Para Bishop, se trata de una cuestión "de importancia nacional", ya que representa un valor "fundamental y universal en la justicia angloamericana".
En cambio, el procurador general de Estados Unidos, Donald Verrilli, defendió la actuación del Gobierno y alegó que las imputaciones se basaron en fuentes legítimas e independientes.
El escándalo se remonta al 16 de septiembre del año 2007, fecha en la que los guardias de la empresa Blackwater --rebautizada ahora como Xe Services-- custodiaban un convoy de cuatro vehículos a bordo de los cuales viajaban diplomáticos norteamericanos.
Los guardias, veteranos del Ejército, respondieron a la explosión de un coche bomba iniciando un tiroteo en un cruce atestado de gente, lo que causó 14 víctimas mortales. Según la versión que los guardias transmitieron al Departamento de Estado, abrieron fuego en defensa propia, pero la fiscalía sostiene que no existió provocación alguna.
En el caso estuvo implicado inicialmente un quinto guardia -- Nicholas Slatten-- que quedó libre de cargos y un sexto hombre --Jeremy Ridgeway-- que se declaró culpable y acordó cooperar con las autoridades.