El mandatario se ha pronunciado después de que la CIJ se declarase competente para resolver los dos casos que enfrentan a Colombia y Nicaragua en La Haya por los espacios en disputa en el mar Caribe y la plataforma continental.
Así, ha advertido de que tras este anuncio la CIJ incurre "en contradicciones de fondo, no respetó su propia sentencia y desconoció su estatuto que dice que no puede reabrir un caso cerrado", según ha recogido la emisora local Radio Caracol.
Santos ha asegurado además que la decisión ha sido alcanzada tras evaluar el tema con la comisión asesora de relaciones exteriores y los partidos políticos.
"Colombia preservará hasta el último centímetro de nuestro territorio", ha manifestado el mandatario, haciendo un llamamiento a "hacer un frente común, firme e inquebrantable" para defender los derechos del país en el mar Caribe.
El alto tribunal ha declarado "admisible" la petición de Nicaragua para "determinar el curso preciso de la frontera marítima (con Colombia) en las áreas de la plataforma continental" que sobrepasan el territorio delimitado por el fallo del 19 de noviembre de 2012.
LA DISPUTA
Uno de los asuntos se remonta al 16 de septiembre de 2013, cuando Nicaragua acudió a la CIJ para extender su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas, algo que Colombia considera "desmedido" y achaca a los "ánimos expansionistas" de su vecino.
Poco después, el 26 de noviembre de 2013 Managua denunció a Bogotá por violar su obligación de no usar o no amenazar con el uso de la fuerza, así como de no violar las zonas marítimas nicaragüenses delimitadas anteriormente por la CIJ.
La batalla judicial comenzó mucho antes, el 19 de noviembre de 2012, cuando la CIJ reconoció la soberanía colombiana sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina pero amplió la extensión de las aguas territoriales de Nicaragua hasta las 200 millas náuticas.
Santos consideró que este fallo era "inaplicable" sin un tratado internacional, al que Nicaragua ha accedido pero aún no ha comenzado a negociarse, y denunció el Pacto de Bogotá, por el que el país reconoce la jurisdicción de la CIJ.