"Estas medidas, repetidas con demasiada frecuencia por el Gobierno galo en los últimos años, atentan contra la dignidad de la población gitana y contra los derechos humanos, violan la normativa europea de igualdad de trato y libertad de movimiento y suponen un claro ejemplo de discriminación racial", denuncia la FSG.
La organización recuerda que el Ejecutivo francés "no puede expulsar a ninguna persona de la UE-27 simplemente por no cumplir con los criterios de residencia" y que la legislación comunitaria exige que haya una revisión individualizada de los casos y que todo ciudadano que reciba un aviso de expulsión sea debidamente notificado con un mínimo de un mes de aviso.
"Medidas como ésta lo único que hacen es reforzar los estereotipos negativos que ya existen sobre las personas gitanas, estigmatizar a toda la comunidad y alentar actitudes racistas", denuncia la fundación, que exige medidas específicas que garanticen el acceso de las personas gitanas a la educación, el empleo, la salud y la vivienda.
Asimismo, solicitan a la Comisión Europea, que vigile los acontecimientos que se están llevando a cabo en Francia y se asegure de que las políticas recogidas en el marco Europeo de Estrategias Nacionales para la Inclusión de la Población Gitana se pongan en marcha eficientemente.