El Senado de México ha solicitado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) del país que realice una investigación exhaustiva sobre el camión encontrado este fin de semana en Jalisco (capital de Guadalajara) que contenía 157 cadáveres en contenedores frigoríficos.
El objetivo de la investigación es determinar las responsabilidades que podría haber incurrido el Gobierno de Jalisco, según ha informado el diario mexicano El Sol de México.
El Senado también ha llamado al gobierno federal a iniciar una investigación a través del Ministerio de Salud para determinar posibles sanciones a funcionarios públicos de la Fiscalía General de Jalisco.
Tras la petición, la Comisión de Derechos Humanos y el Instituto de Ciencias Forenses de Jalisco trabajarán conjuntamente para clasificar uno a uno los cadáveres no identificados que se encuentran en las cámaras de refrigeración del instituto, según ha anunciado el medio local.
Este detallado examen constará de diferentes muestras de cada cuerpo: perfil genético, dactilar y fotográfico, levantamiento de cadáver y ficha odontológica, así como el lugar exacto donde lo mantienen almacenado.
Por su parte, el presidente de la CNDH, Alfonso Hernández Barrón, ha reivindicado una mayor presencia del Gobierno mexicano para hacer frente a la ola de crímenes del país: “Las autoridades que sean necesarias deben involucrarse, y desde luego el gobierno Federal debe involucrarse porque se requieren recursos de emergencia para atender esta situación".
Despidos y promesas, pero no medidas de actuación contra el crimen
Este mismo jueves, el gobernador de Jalisco, Aristóleles Sandoval, ha informado de que se construirá "una cámara frigorífica y un espacio para cadáveres en descomposición que tendrá una gran capacidad por encima de 300 cuerpos" para que no vuelvan a ocurrir este tipo de hechos y que, según anunció, podría estar preparada para el 15 de octubre.
Este fin de semana, varios vecinos de Tlajomulco de Zúñiga denunciaron la presencia de un camión, estancado desde hacía horas, que desprendía un fuerte olor. Tras la llegada de las autoridades al lugar, se supo que el vehículo contenía 157 cadáveres en estado de descomposición en su interior.
Pero el plato fuerte fue saber que el camión era propiedad de la Fiscalía General de Jalisco. Su excusa fue alegar que en las morgues no disponían de suficiente espacio para albergar a tantos cuerpos sin identificar.
Ahora la culpa no va solo dirigida a la mala gestión forense del Gobierno, sino a su impasibilidad ante la ola de crímenes que ha azotado el país en el último año (1.037 personas fueron asesinadas entre enero y junio frente a a las 722 en 2017).
Ese fue el primer caso. El segundo llegó poco tiempo después de destaparse la noticia, solo que esta vez el camión con cadáveres apareció en el propio Instituto de Ciencias Forenses de Jalisco. Las autoridades han informado esta semana de que los dos camiones contenían un total de 322 cadáveres.
Estos hallazgos han despertado al país, que ya ha pedido responsabilidades a las instituciones implicadas. Uno de ellos, el forense estatal al cargo de los cuerpos, ya ha sido expulsado de su cargo tras las críticas.
"Nos ha superado la ola de violencia en todo el país y no es Jalisco la excepción", ha señalado el gobernador en declaraciones recogidas por Europa Press. Jalisco ha sufrido un aumento significativo en el número de homicidios.
El estado ha sido cuna de grandes organizaciones criminales como el cártel de Guadalajara y el cártel Jalisco Nueva Generación, que en los últimos años se ha posicionado como el más poderoso de México y que cuenta con extendidas redes en varios continentes, según informes de la Inteligencia estadounidense.
A pesar de que el Gobierno mexicano ha anunciado planes para frenar el crecimiento de los grupos criminales a lo largo de los años, las bandas organizadas se han fortalecido e incursionado en otros crímenes dejando miles de muertos y desaparecidos en todo el país, algunos de los cuales han sido hallados en fosas clandestinas.
Los cuerpos que no son reconocidos terminan en fosas comunes. Expertos internacionales afirman que México utiliza prácticas de investigación forense demasiado precarias y que el país no cuenta con una base de datos centralizada que permita cruzar información sobre los desaparecidos en diferentes estados con los restos hallados y no identificados.