La Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador ha ordenado la excarcelación de Teodora Vásquez, condenada en 2008 a 30 años de cárcel por un delito de homicidio agravado que, según organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, se debió a un aborto involuntario por una "emergencia obstétrica" no atendida.
La CSJ y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública han pactado la conmutación de la pena porque "existen razones poderosas de justicia, equidad y de índole jurídicas que justifican favorecerla con la gracia de la conmutación", según la resolución.
El tribunal ha reiterado que la niña murió por asfixia, pero no ha podido confirmar que se debiese a una acción voluntaria por parte de Vásquez, que el pasado diciembre había visto cómo el Tribunal de Segunda Sentencia de San Salvador ratificaba la condena por homicidio.
"Estoy muy contenta de regresar nuevamente con mi familia. Durante 10 años y siete meses estuve separada de ellos", ha dicho Vásquez tras abandonar la Cárcel de Mujeres, en unas declaraciones a los medios en las que también ha agradecido la labor de las autoridades.
Los hechos investigados se remontan a julio de 2007, cuando Vásquez, embarazada de nueve meses, comenzó a sentir fuertes dolores y avisó a los servicios de emergencia desde su lugar de trabajo. Perdió la consciencia y, al recuperarla, se encontró con que sangraba profusamente y el bebé estaba muerto, según Amnistía Internacional.
Tanto su defensa como organizaciones defensoras de Derechos Humanos habían pedido la excarcelación de la mujer alegando que en ningún momento Vásquez tenía intención de abortar. Amnistía ha esgrimido que no pudo asistir a los controles médicos durante el embarazo por su falta de recursos económicos y debido a las largas jornadas laborales --de 6.00 a 21.00 horas--.
LLAMAMIENTO PARA UNA REFORMA
El Salvador tiene desde 1997 una de las leyes más duras contra el aborto y, al igual que ocurre en otros países centroamericanos, interrumpir el embarazo es ilegal bajo cualquier circunstancia. El caso de Vásquez se había convertido en paradigma de los supuestos abusos que se derivan de la aplicación de estos controles.
El Gobierno de Salvador Sánchez Cerén propuso el año pasado una reforma para permitir la interrupción del embarazo en dos supuestos -que la vida de la madre corra peligro o que el embarazo sea fruto de una violación-, pero el proyecto de ley no ha prosperado en el Congreso.
La directora del Centro para los Derechos Reproductivos en América Latina y el Caribe, Catalina Martínez Coral, ha celebrado en un comunicado la conmutación de la pena de Vásquez, aunque ha abogado por seguir trabajando para que "se protejan y garanticen los derechos de las mujeres" con una reforma legal.
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Raad al Hussein, ha pedido a El Salvador que imponga una moratoria sobre la prohibición total del aborto. Según la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, 27 mujeres purgan penas de entre seis y 35 años por homicidio agravado a causa de abortos.