"Nosotros ya hemos hecho nuestra parte, ahora corresponde al Consejo de Seguridad cumplir las legítimas expectativas de las víctimas de Darfur, asegurando que los responsables de este sufrimiento diario comparecen ante la justicia", ha dicho, en su comparecencia de este miércoles ante el órgano ejecutivo de la ONU.
La fiscal jefe ha indicado que "se trata de unos pocos individuos entre una población de millones que afronta cada día un sufrimiento indecible". "En la medida en que disfruten de impunidad por los crímenes cometidos, seguirán siendo una amenaza para la paz y la seguridad internacionales", ha advertido.
En concreto, ha denunciado que hay informaciones que apuntan a que los miembros del Gobierno sudanés --Alí Kushayb, Ahmad Harun y Abdel Raheem Hussein-- han seguido cometiendo crímenes contra la población civil este año.
A este respecto, Bensouda ha mencionado el ataque que Kushatb dirigió el pasado mes de abril contra la ciudad de Aby Jeradil, en el que murieron más de un centenar de personas y otras 30.000 huyeron a territorio chadiano.
"Nuestros observadores sugieren que el Gobierno sudanés quiere apaciguar a los miembros de las tribus Misseriya y Taisha, que le han apoyado en Darfur, ayudándoles a apoderarse de las tierras de los salamat, considerados inmigrantes chadianos", ha añadido.
Bensouda también ha expresado su preocupación, en general, por la crisis humanitaria en Darfur, donde, según datos de Naciones Unidas, más de 300.000 personas han huido a otras regiones sudanesas y países para escapar de la violencia este año.
"Todos estos crímenes conciernen a la comunidad internacional y requieren una acción urgente", ha subrayado, al tiempo que ha lamentado que, cada vez que hace este llamamiento al Consejo de Seguridad, "la respuesta es la inacción".
Además, la fiscal jefe del TPI ha criticado que, los crímenes cometidos por los rebeldes sudaneses se han perseguido, mientras que los cometidos sistemáticamente por las fuerzas gubernamentales siguen impunes.
El conflicto en Darfur estalló en 2003, cuando la milicias no árabes se sublevaron contra el Gobierno de Omar Hasán al Bashir por marginar a la región sudanesa. En respuesta, Al Bashir envió a las milicias árabes para sofocar el levantamiento, dando lugar a un conflicto armado.
Desde entonces, Naciones Unidas calcula que más de 300.000 personas han muerto a causa de la violencia en Darfur, aunque el Gobierno sitúa esta cifra en 10.000, y decenas de miles han tenido que abandonar sus hogares.
El TPI ha acusado a Al Bashir y a varios de sus ministros de crímenes de guerra y genocidio por el conflicto en Darfur, pero ellos lo han negado y han rehusado comparecer en la sede de La Haya.